Daniel López está siendo sometido a juicio político. Pesan sobre él denuncias por abuso de poder e irregularidades administrativas. Los ediles definirán en los próximos días el llamado a un referéndum
El mandatario es sometido por estos días a juicio político por estar acusado de una serie de irregularidades administrativas y abuso de poder presentadas por los concejales Griselda Vecchio (UCR) y Hugo Pérez (UPC).
La crisis institucional comenzó en el 2008 con una primera denuncia por anormalidad en el pago de becas a un vecino, Gregorio Morán, quien en realidad nunca habría recibido este beneficio, sino terceras personas. A este hecho se sumaron otros, y uno más grave aún que ya está en la Justicia es el funcionamiento de semáforos con filmación sobre la ruta, Según consta en la denuncia penal el sistema es ilegal, por no contar con las correspondientes autorizaciones de la Dirección de Prevención de Accidentes de la Provincia y carece de todo aval del Concejo.
Por estos días los concejales analizan todos los elementos en su haber, tanto las denuncias como el descargo que realizara hace pocos días el propio López, y definir antes del 12 noviembre el llamado a referéndum por el cual los electores decidan por la continuidad o destitución del mandatario de su cargo.
La situación se torna compleja por cuanto también esto ha repercutido en renuncias en el Concejo Deliberante. Es así que esta semana dos concejales del oficialismo, que venían apoyando el proceso de juicio político al intendente, en un cambio de rumbo decidieron renunciar y argumentaron que éste no es el momento político para destituir a López. Los renunciantes son los radicales Máximo Brizuela y Gustavo Sánchez, quienes anteriormente apoyaron el proceso judicial contra el intendente, quienes ahora tomaron la decisión de dejar sus bancas a sugerencia del Comité Radical provincial, que procura retener esta intendencia en vistas a las elecciones del año próximo.
Jorge Galíndez y José Ferrero fueron convocados para reemplazarlos, mientras que la presidencia del Concejo quedó ahora en manos de Raúl Balbis, quien en caso de llegarse a la revocatoria del cargo deberá asumir como intendente hasta completar el mandato de López.
Cabe acotar que según la Carta Orgánica, transcurridos más de dos años de gestión, el mandato debe ser completado por el presidente del Legislativo, y luego recién llamar a elecciones.
López asumió la intendencia en 2003, y fue reelecto en 2007, faltándole sólo un año para terminar este segundo mandato.
Los hechos
En diálogo con PUNTAL, Balbis brindó detalles del proceso que hoy se lleva a cabo.
“Todo comenzó por la denuncia penal por el caso de la beca de Morán, una persona iletrada que aparecía como beneficiaria de la ayuda, pero se comprobó que en realidad otras personas cobraban a su nombre. Esto se verificó al observar que las firmas en cheques y endosados eran todas distintas. Algunas muy prolijas y otras sólo trazos”, detalló Balbis.
No obstante, el hecho más grave del que se lo acusa al actual intendente es el uso del sistema de semaforización y cobro de multas, que carece de toda autorización provincial.
El intendente López hizo su descargo hace escasos días ante los concejales y desestimó todas las denuncias. Paralelamente exigió por nota al Concejo Deliberante que paralice el proceso de juicio político ya que dijo existen numerosas fallas formales en el procedimiento aplicado, que lo harían inviable.
Aún así los ediles siguen con el juicio político.
“Si los dos tercios de los concejales deciden que hay méritos se le pedirá la revocatoria del mandato. Se llamará a referéndum y el pueblo votará”, señalaron.
La renuncia de dos ediles en esta semana supuso una postergación del juicio político de López, pero antes de noviembre el proceso deberá terminarse, puesto que según lo establece no se puede revocar el mandato de un intendente en el último año de su mandato.

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