La comisión investigadora discutió ayer un pedido del diputado Juan Pablo Arenaza, que solicitaba que se prohibiera a los diputados que participan del proceso de investigación la utilización del material de trabajo para la publicación de libros, por un plazo de tres años, debiendo suscribir “un acuerdo de confidencialidad”.

La nota, a la que la legisladora Gabriela Cerruti calificó de “chicana” contra ella, sólo contó con el apoyo del PRO. El titular de la bancada de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, se limitó a decir que habían discutido la propuesta de Arenaza en el bloque y que él no estaba de acuerdo.

“No se discutió en el bloque, y ni siquiera se tomó un minuto para explicarle a los otros miembros de la comisión investigadora el espíritu de la norma”, dijo muy indignado Arenaza, quien refirió a LPO que él se basó en ciertas medidas que toma la Cancillería con el manejo de la información para elaborar su pedido.

“Acá no se tuvo en cuenta que, por ejemplo, se puede presentar un testigo bajo la figura de identidad reservada, y que esa situación no está contemplada en el reglamento que votaron”, precisó el diputado cercano a Patricia Bullrich y agregó: “Pero evidentemente Sánchez no lo entendió y lo único que le importó fue quedar bien con Cerruti”.

La diferencia de criterios entre el “lilito” Fernando Sánchez y Bullrich no es nueva, e incluso quedó evidenciada en la sanción de la llamada “ley de motochorros”, en la que Bullrich votó la propuesta del PRO.

Quienes conocen el día a día del interior del bloque, señalan que a Sánchez le suele resultar muy difícil equilibrar las posturas ideológicas de los legisladores Diana Maffia, Sergio Abrevaya y Rocío Sánchez Andía -que suelen coincidir con Proyecto Sur- con las ideas a las que suscriben Adriana Montes y Juan Pablo Arenaza. Sobre todo con éste último, quien muchas veces en lo que va del año, hizo públicas sus diferencias con el manejo político que lleva adelante el presidente de su bloque.