Criollos y aborígenes acercan posturas por la posesión de las tierras

Momentos de gran tensión se vivieron esta semana en Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, donde desde hace décadas se dirime un conflicto por la titularización de los lotes fiscales 14 y 55 habitados por más de 55 comunidades aborígenes de cinco etnias distintas y centenares de familias campesinas criollas.

Las negociaciones que llevan más de 20 años, y que hasta llegaron a tribunales internacionales, estuvieron a punto de volver a foja cero tras la quema de un alambrado y la amenaza, por parte de algunas comunidades originarias, de levantar por su cuenta el resto de los cercos perimetrales de los establecimientos criollos que comparten su territorio.

La disputa entre los habitantes del chaco salteño tomó temperatura en Santa María, pero tras 15 días se alcanzó un principio de acuerdo y un compromiso para evitar cualquier medida de fuerza. El acuerdo, sin embargo, dependerá de la llegada de soluciones concretas, según exigieron aborígenes de distintas comunidades.

Las medidas

Hace dos semanas un grupo de indígenas decidió de manera unilateral levantar el perímetro que hace de límite entre sus tierras y los diferentes puestos criollos, que están dispersos entre las más de 700.000 hectáreas de tierras fiscales. Entonces, se desenterraron más de 250 postes de alambrado del Puesto Nuevo, propiedad de Ana VirginiaAylán. Después de eso comenzaron una serie de reuniones para arribar a un acuerdo, aunque la amenaza de las comunidades indígenas recién se apaciguó el miércoles por la tarde, con la llegada, por segunda vez en 10 días, de los organismos del Estado que manejan la titularización de las tierras. La medida que amenazaba con “barrer” los alambrados se levantó con la promesa de negociar de inmediato, con la ayuda del Gobierno, los límites de los territorios criollos de Santa María. Además, se estableció que la UEP tendrá un local propio en la zona, cosa que hasta el momento no existía y que se concretó tras la donación de un inmueble por parte de la municipalidad local.

Los caciques

“Es una última oportunidad para que el Gobierno y la Lahka Honhat, que es una asociación que nos representa, brinden una solución concreta por las tierras. Mis hijos ya van a ser grandes y yo no voy a existir. Si no, vamos a levantar los alambrados por nuestra cuenta, para que se nos entreguen las 400.000 hectáreas libres de los puestos criollos, que es lo que nos corresponde ancestralmente. Ellos dicen que están hace más de 100 años, pero nosotros hace más de 500. Yo estoy cansado, porque no pasa nada. Creo que si Lakha Honhat no da solución, por mi parte voy a negociar con el Gobierno directamente, como para decirle al gobernador qué es lo que pedimos. Ellos nos tienen totalmente prohibido hablar con el Gobierno. Nosotros tenemos que esperar y no sé cuándo termina esto. No es lo que únicamente yo pienso, sino que la gente joven, que ya tiene estudios, quiere que esto se apure”, había dicho, justo antes de la reunión del miércoles, Valentín Torres, representante aborigen de Misión Anglicana, en Santa María.

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