No hacen falta otros argumentos para explicar la lealtad a la Casa Rosada: basta con observar los carteles de la Presidencia frente a cada escuela, hospital, complejo de viviendas o ruta pavimentada en esta provincia para entender por qué Gildo Insfrán seguirá siendo ese silencioso soldado presente en cada acto del matrimonio Kirchner.

Según el presupuesto provincial 2010, de los $ 3142 millones que Insfrán esperaba recaudar este año, $ 2945 millones serán aportados por el Estado nacional. Pero, en rigor, el aporte del Gobierno se duplica a través de las obras públicas, reconocieron el diputado Juan Carlos Díaz Roig y otros funcionarios que prefirieron el anonimato.

"Tenés que entender: esto era una aldea", dicen los "gildistas", que describen a Insfrán como un "hombre récord" en construcción. No desmienten que, fiel al estilo K, en la provincia surgió un grupo de empresas contratistas que no sólo copó la obra pública provincial, sino que construyó una "corte" de jóvenes profesionales en torno al gobernador. "Ahí, incluso, está mi hijo", dijo el dirigente que atendió a LA NACION dentro de una camioneta con vidrios polarizados.

"Nunca Formosa tuvo tanta guita, pero apuesto un asado para 30 personas si en el viaje de acá hasta la frontera con Salta encontrás 10 tractores", acusó Vicente Joga, convencido de que la obra pública no se utiliza para mejorar la productividad de la región.

El senador radical Luis Petcoff Naidenoff, por su parte, apuntó contra las irregularidades en las contrataciones, como el plazo de apenas cinco días hábiles que tuvo la licitación de la Ruta 23, donde la UCR denuncia que se pagaron sobreprecios de 1,5 millones de pesos por cada uno de sus 80 kilómetros.

Las acciones judiciales despiertan pocas expectativas en Formosa. De hecho, los diputados radicales ni siquiera lograron por esta vía que el vicegobernador Floro Bogado les informara cuántos empleados tiene la Legislatura local. "¡El Tribunal Superior de Justicia nos respondió que nosotros deberíamos saberlo!", se quejó el legislador Martín Hernández. También denunció que Insfrán presenta el presupuesto horas antes de su aprobación, a veces, sin copias para la UCR.

Para alimentar sospechas, la provincia decidió construirle una sede social nueva al Colegio de Magistrados (por más de un millón de pesos), lo que motivó, además del escándalo, que el Obispado de Formosa recusara a todos los jueces provinciales miembros del Colegio en un juicio que mantiene con el Estado.