La detención del ex titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Sergio Reynaldo Giménez confirmó cuan aceitado y vigente está el sistema de apadrinamiento oficial de quienes le son funcionales al poder político. La inmediata liberación del hombre y sus compañeros, detenidos en la frontera por portar armas de guerra, tras un resolutorio de un juez provincial no resiste otro análisis que el de la connivencia.
Como no había permiso para portar esos hierros, ni la documentación que avale su propiedad, funcionarios de Aduanas entraron en acción, disponiendo la detención. Pero el incidente pasó el caso a manos del juez Santos Gabriel Garzón, y en pocas horas este conocido magistrado del Poder Judicial provincial que trabaja en Clorinda ordenó que todos recuperen la libertad.
“Que hace un juez provincial en una causa federal”. Mientras crecen las dudas por las derivaciones del incidente, gendarmes y personal de Aduanas temen convertirse en el chivo expiatorio.
Mientras tanto, el periodista Carlos Varela que fue a la zona planteó anoche su propia versión de una parte de estos hechos.
“Muy grave: comenzó la pelea entre la cúpula del poder Gildista. Giménez se quedó con unos campos que adquirió Gildo pero le dejó a este ex “propietario” del IPV como testaferro. Pero resulta que “Papu” se quedó con lo que no le pertenece y obviamente recibió y recibe permanentemente amenazas. Por eso anda armado hasta los dientes”, reveló el comunicador social.
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