La creación del "Banco de Tierras Rurales" que propone el Gobierno de Pérez pone en evidencia un profundo desconocimiento de las características del agro mendocino, más allá del contenido legal de la norma.

El eje de este proyecto, según los fundamentos de su remisión al Senado Provincial, como los utilizados por el Gobernador el 1º de Mayo al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura consiste en suponer que gran parte del problema de la producción agrícola primaria en Mendoza radica en la falta de tierras aptas para el cultivo.

Ante este diagnóstico, toda finca abandonada es tierra que tendría que estar produciendo y, por alguna razón, el propietario no quiere hacerlo. Por eso, el Inciso b del Articulo 2 del proyecto explica que, entre otras, las propiedades que formarán parte del Banco de Tierras Rurales serán "los bienes inmuebles rurales privados expropiados".

El artículo 3 declara de "utilidad pública, sujetos a expropiación forzosa, los inmuebles rurales privados de 10 o más hectáreas que registren deudas impagas exigibles que excedan el monto del avalúo fiscal, por tributos ante el Departamento General de Irrigación o por impuestos provinciales que graven la propiedad". Y aquí ya se definen dos aspectos importantes de la propuesta: en primer lugar, se toma como pequeños productores a aquellos que poseen menos de 10 hectáreas, definición que en la actualidad es totalmente errónea y fuera de toda realidad ya que con la pérdida de rentabilidad en general de nuestra producción, la superficie para alcanzar dicha definición debería ser mayor.

El otro grave error es que los valores fiscales de las tierras son bajos y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, con una deuda acumulada de pequeño o mediano monto exigible en los dos rubros que se indican (Riego e Inmobiliario), numerosos inmuebles rurales cumplirían la condición para ser "expropiados forzosamente".

Sobran ejemplos del sur de la Provincia en donde con seguridad se encuentran más del 90% de las tierras que se pretenden expropiar de acuerdo a las condiciones estipuladas en el texto del proyecto:

Una propiedad en Goudge, por ejemplo, con una superficie 22 hectáreas tiene un avalúo fiscal con mejoras de $ 11.106 y abona por derecho de agua superficial $ 4.320 y de impuesto inmobiliario $98, en ambos casos anualizado 2012. Vale decir que en dos años de acreencia pasa a manos del gobierno

Una propiedad en Cuadro Benegas, con una superficie de 10 hectáreas tiene un avalúo fiscal con mejoras de $15.585 y abona por derecho de agua superficial $1.567 y de impuesto inmobiliario $114, en ambos casos anualizado 2012. Sólo hace falta sentarse a esperar que las deudas se acumulen y, si nadie reclama, hasta la podría comprar algún amigo del gobierno por el avalúo fiscal.

El artículo 4 refiere que serán el Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Rentas, quienes propondrán al Gobernador las tierras a declarar de utilidad pública y por lo tanto sujetas a expropiación y será este último quien por intermedio de la Escribanía General de Gobierno, procederá al acto definitivo de expropiación. Vale decir que la discrecionalidad del Gobernador será la que decida, sin más consultas, la expropiación.

De esto se trata el "banco" de tierras que pretende organizar el Gobernador con el loable propósito de devolver tierras improductivas a la producción. Lo que único que no aclara la ley es quiénes se encargarán de ponerlas en actividad nuevamente.