Además del gobierno argentino, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú presentaron mociones independientes, aunque muy similares en su contenido, para apoyar el argumento legal de México, que respalda la demanda interpuesta por grupos a favor de los derechos civiles a nivel federal y otras organizaciones de activistas.

El 1° del actual, el gobierno mexicano presentó ante un juez federal una demanda para defender los derechos de sus ciudadanos frente a la ley estatal de Arizona SB1070, que, según sostiene, podría derivar en arrestos sobre la base de las características raciales de los inmigrantes y obstaculizar las operaciones contra el tráfico de drogas y la violencia relacionada con este delito.

Puntualmente, la polémica ley de Arizona, que fue aprobada el 23 de abril y que entrará en vigor el 29 de este mes, autoriza a los agentes de policía a cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen se encuentre de manera ilegal en ese estado, y convierte en un delito solicitar empleo en las calles.

La norma, además, sanciona a los inmigrantes que no porten sus documentos migratorios en el momento de ser solicitados por las autoridades locales.

La controvertida ley fue criticada por organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos, incluido el del presidente Barack Obama, que el 6 del actual presentó una demanda contra la norma, alegando que interfiere con la autoridad federal.

"La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mezcla de políticas migratorias estatales y locales en todo el país", explicó el gobierno estadounidense en su demanda, presentada ante un tribunal federal en el estado fronterizo con México.

Ese tipo de iniciativas "perturbarían seriamente el cumplimiento federal de las leyes migratorias", añadió el comunicado del Departamento de Justicia.

El gobierno argentino, por su parte, emitió un comunicado el viernes pasado en el que expresó su respaldo a la demanda del gobierno mexicano, con el fin de reforzar la "política de firme protección de los derechos de los migrantes, más aún en estos tiempos de crisis".

También la cancillería de Paraguay emitió un comunicado para respaldar la demanda de México contra la ley que, según señala, es "altamente discriminatoria y violatoria".

Mañana, en tanto, tendrá lugar en Estados Unidos la segunda audiencia pautada por la jueza federal en Phoenix, Susan Bolton, para escuchar los argumentos de las demandas interpuestas contra la ley SB1070.

Concretamente, Bolton escuchará el testimonio de Martín Escobar, un policía de Tucson que sostiene que la nueva ley viola numerosos derechos constitucionales.

En su demanda, Escobar afirmó que la nueva ley podría estorbar el trabajo de la policía al realizar investigaciones entre hispanos, que ahora les temerán a los agentes que podrán aplicar la ley de inmigración en su contra.