La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Graciela Camaño, pertenece al bloque Peronista y es cercana al ex presidente Eduardo Duhalde quien, en las últimas horas, agitó la idea de modificar la reforma política del Gobierno para establecer garantías de transparencia y ecuanimidad en las elecciones internas que se celebrarán en agosto del año próximo. En esa línea, Camaño propondrá la convocatoria a la comisión del director nacional electoral, Alejandro Tullio, y de los jueces electorales para instalar en la discusión pública los serios problemas que, a su juicio, genera la aplicación de la ley del Gobierno.

Para peor, el Poder Ejecutivo demora la reglamentación de la norma, con lo cual la incertidumbre sobre cuáles serán las reglas de juego se agudiza con el correr del tiempo. La discusión de una nueva ley en el Congreso podría actuar como factor de presión para evitar que el Gobierno dilate hasta último momento esa definición.

La principal disyuntiva de los peronistas disidentes es si conviene competir con Néstor Kirchner (descuentan que él será el candidato presidencial por el oficialismo) por dentro o por fuera del Partido Justicialista en las elecciones internas abiertas. El ex presidente quiere forzar al PJ disidente a competir por dentro del partido, con la ilusión de encabezar él la fórmula presidencial de un peronismo unificado y ganar con más del 40 por ciento de los votos, con lo cual evitaría el ballottage.

Pero en el PJ disidente las voces en torno de este tema están divididas; hay quienes como Francisco de Narváez que pugnan por dar la pelea dentro del partido, pero Felipe Solá insiste en competir por fuera, al advertir que la ley actual es demasiado tramposa. Duhalde, por su lado, podría competir dentro del PJ siempre que se den garantías de ecuanimidad; por esa razón, Graciela Camaño forzará en el Congreso para presionar al Gobierno.

"Queremos citar a Tullio y a los jueces electorales para que expliquen en la comisión de qué manera se aplicará la ley actual", confirmó Camaño, convencida de que en ese debate quedará en evidencia que la norma, así aprobada, es inaplicable.

"El armado de los padrones lo concentra el Ministerio del Interior y es un escándalo", advierten desde la oposición.

Pero hay otros problemas que genera la ley. El más importante es el que establece que las alianzas electorales deben conformarse, obligatoriamente, antes de las elecciones internas. Asimismo, se habilitan para esa instancia las listas colectoras, lo que favorece a Kirchner porque implica una "ley de lemas encubierta", advierte el diputado Gustavo Ferrari (PJ Federal), mano derecha de De Narváez.

También se cuestionan las excesivas atribuciones que la norma le otorga a las juntas electorales partidarias para la designación de los candidatos, así como los requisitos que se le imponen a los partidos políticos más chicos para competir en las elecciones. Este punto genera la adhesión de los bloques en la Cámara de Diputados, incluso de los aliados al Gobierno, lo cual facilitaría una media sanción. El Senado, eso sí, es otra historia.