El tres por ciento de la tierra mendocina está en manos de inversores extranjeros, muchos de los cuales asentaron sus emprendimientos sobre la llamada zona de seguridad. Ésta es una franja ubicada entre la frontera con Chile y la Ruta 40, que abarca media Las Heras, el oeste de Luján, casi todo Tunuyán y Tupungato y una buena parte de San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Según los expertos, este sector debería ser especialmente preservada por considerarla clave para la defensa nacional. No sólo porque es área de frontera, sino también porque concentra recursos naturales estratégicos, como el agua -con nacientes de ríos, arroyos y glaciares- el petróleo y los metales cordilleranos.

Pese a la opinión de los expertos, en este sector están radicados desde la cementera suiza Minetti y la canadiense Coro Mining (San Jorge) hasta las embotelladoras de agua mineral francesa Villavicencio y suiza Eco de los Andes.

También están los emprendimientos vitivinícolas, que se extienden a través del corredor productivo del Valle de Uco. Allí se instalaron las bodegas holandesa Salentein (2.000 hectáreas, de las cuales 340 poseen viñedos, en Los Árboles, Tunuyán), las francesas del Clos de los Siete (847hectáreas en Vista Flores, Tunuyán), la española O Fournier (286 hectáreas, en La Consulta, San Carlos) y la gala J&F Lurton (300 hectáreas en Vista Flores), entre otras, según los datos consignados en el libro Vinos de Argentina del enólogo Michel Rolland y el periodista mendocino Enrique Chrabolowsky.

Toda la actividad petrolera de la española YPF en San Carlos y Malargüe está en esta zona, al igual que el anglomalayo Complejo Valle de Las Leñas de Walbrook. Y en uno de los bordes, está la explotación de potasio de la minera brasileña Vale.

Límites a la venta de tierras

Con la presentación del proyecto de ley que limita la venta de tierras a extranjeros, el Ejecutivo nacional busca sortear el vacío legal que existe. Hoy, los foráneos no tienen ningún impedimento para la compra y son pocos los condicionamientos para asentarse en la zona de seguridad.

La propuesta prevé restringir la venta hasta el 20 por ciento del territorio, pone un límite de hasta 1.000 hectáreas por comprador y establece la realización de un registro nacional de tierras rurales, que no podrá demorarse más de 180 días luego de aprobada la norma.

La concreción del relevamiento es clave, porque los organismos oficiales sólo cuentan con información parcial. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo durante la presentación de la iniciativa en el Congreso, que hay 7 millones de hectáreas en manos extranjeras.

Para algunos especialistas el proyecto llega tarde, porque grandes extensiones ya están en manos de inversores internacionales. Es el caso de los italianos Benetton que poseen 900.000 hectáreas en la Patagonia o del estadounidense Douglas Tompkins, dueño de gran parte de los Esteros del Iberá en Corrientes. (ver aparte).

Según datos de la Dirección Provincial de Catastro, el tres por ciento de la superficie mendocina está en manos de extranjeros, muchos de los cuales adquirieron terrenos en la llamada zona de seguridad que se extiende a 150 km de la frontera internacional.

Esta área en Mendoza abarca 3.614.000 hectáreas, de las cuales 147.187 son consideradas como parcelas rurales y 2.365 están en manos de foráneos.

Los registros de Catastro sobre inversores internacionales son fidedignos, aunque parciales. Los extranjeros se diferencias por sus números altos de Cuit: 60 millones para los que no residen en el país y 90 millones para los nacionalizados. Pero este sistema deja de lado a las sociedades anónimas, que pueden tener como cabeza visible a un argentino asociado a capitales extranjeros.

Escasos controles

En cuanto al origen del capital internacional, el director regional de Afip, Carlos Leturia, explicó que previo a la escrituración de un bien en la provincia, el organismo chequea que la persona o el titular de la razón social no esté incluido en la base de datos donde constan los investigados por lavado de dinero.

Si el inversor está interesado en adquirir tierras en la zona de frontera o de seguridad, debe tramitar una conformidad ante la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior de la Nación, donde no existen muchas trabas para otorgarla.

Pese a esto, la ley 23.554 de Defensa Nacional, declara la conveniencia nacional de que "los bienes ubicados en dichas zonas de seguridad de fronteras pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos".

El titular de Catastro de Mendoza, Juan Carlos Varela, aseguró que la zona de frontera ha sido siempre la menos cuidada y la que menos valor económico ha tenido. "Cuando se quiere aumentar el avalúo, que es el 90 por ciento de la provincia, dicen que no, y es que ahí están asentadas muchas sociedad anónimas", destacó el funcionario.

La doctora en geografía, investigadora del Conicet y senadora demócrata, Nelly Gray de Cerdán, destacó la importancia de cuidar la zona de frontera, sobre todo teniendo en cuenta las reservas de agua existentes y lo consideró necesario para proteger el concepto de nacionalidad.

Para Gray de Cerdán, que ya solicitó información al gobierno sobre el porcentaje de tierras en manos extranjeras, lo fundamental no es limitar las inversiones internacionales, sino controlarlas y saber qué se hace con éstas.