El ministro de Gobierno, Adán Bahl, bajó ayer al recinto de Diputados para responder las preguntas que, sobre el funcionamiento de la CAFESG, impulsaron los legisladores.

La interpelación, pedida por el diputado radical Marcelo López y acompañada por el cuerpo, se prolongó por casi tres horas. En ellas, Bahl ofreció detalles técnicos pero no pudo responder la causa por la que, sin aprobación legislativa, se avanzó en el uso de fondos públicos, a partir del convenio entre la Secretaria de Energía de la Nación y la CAFESG por el que se reconoció a Entre Ríos una deuda de 250 millones que se habrían utilizado para la realización de obras.

Para Eduardo Jourdán, ese acto constituye un delito en tanto se desvían fondos públicos y le preguntó al funcionario si era consciente de la gravedad de ese hecho. De ahí en adelante el diputado de San José se centró en los tecnicismos jurídicos, para asegurar también que las operatorias del microbanco carecen de legalidad.

Con barra propia

Bahl llegó al recinto puntualmente y una parte de los palcos se colmó de sus simpatizantes. Su llegada sorprendió a varios legisladores ya que no se había confirmado su asistencia. Salvadas las cuestiones protocolares el funcionario se puso a disposición y aseguró que además las respuestas serían respondidas directamente a la bicameral. “Yo no voy a entrar en temas por todos conocidos acerca de la CAFESG como cuando estuvo intervenida y la minoría no podía integrar el directorio” disparó Bahl para comenzar.

El cuestionario más abultado provino de la UCR, precisamente la bancada que motorizó la interpelación merced a un proyecto de resolución de Marcelo López. Las preguntas también se refirieron a los excedentes de Salto y la inclusión de Gualeguaychú en esos beneficios, cuestión por la que preguntó el diputado Juan Bettendorff.

Así como Jourdán centró sus preguntas sobre los convenios y sus respaldos jurídicos, Alderete insistió con las deudas que aún mantiene la Nación con las zonas afectadas. También intervino Busti para defender el carácter político de la decisión Salto Grande y remarcó que los beneficios que trae aparejados deben aplicarse también río abajo porque ” es necesario repensar el concepto de región”, dijo.

El ministro no pudo dar precisiones sobre el acuerdo de 250 millones entre Camerón y Ballay que se suscribió sin acuerdo legislativo y que posibilitó el uso de fondos para obras “en Viracho, el camping Las Palmeras y los balnearios ubicados en la peninsula Gregorio Soler, el Pozo Termal y las obras de iluminación, caminería interior y embellecimiento de las inmediaciones” dice el documento.

“No soy perito calígrafo”, se escudó el ministro cuando Jourdán exigió que reconociera si el convenio en debate estaba firmado por el gobernador Sergio Urribarri, además de su propia firma. Bahl garantizó que es inviable el avance de obras sin el visto bueno de los organismos de control, sin embargo Jourdán aseguró que algunas obras ya se habían ejecutado, como por ejemplo, piletas. “Esto es malversación de fondos” calificó Jourdán, de profesión abogado, y dejó traslucir que más allá del uso del dinero, el documento en sí mismo constituye un delito.

También debatieron acerca del funcionamiento del microbanco y si parte de sus fondos se utilizan a partir de un instituto o de un programa: “El área de desarrollo no tiene resguardo legal” recriminó Jourdán. Y, completó: “Entonces todas las operaciones del microbanco son nulas de nulidad absoluta”. El diputado advirtió entonces que será en otro lugar donde deba dirimir estas cuestiones a lo que Bahl respondió: “Hay que investigar y dilucidar este tema” coincidió entonces el ministro.