La intimación establece un plazo de 15 días hábiles para la presentación de un cronograma de refuncionalización y 30 días hábiles para dar a conocer el plan de gestión ambiental, que debe incluir un diagnóstico de la situación actual, un plan de remediación y saneamiento.

En la nota se advierte que en caso de no cumplir con todos los aspectos administrativos, la comuna podría sufrir una multa establecida en un rango que va desde 26 mil pesos hasta 3 millones de pesos.

El concejal Néstor Menéndez, aliado a la gestión del intendente Enrique Ponce, consideró que esa medida “es una hipocresía total; el gobierno provincial firmó un convenio hace 4 años para construir una nueva planta de tratamiento porque la planta no funciona y no va a funcionar”.

Para el edil, el principal inconveniente por el que la planta quedará fuera de servicio son los residuos peligrosos que vierten las industrias. “Ellos (el gobierno) en vez de controlar las industrias están creando conmoción sobre la situación del predio. Ellos lo que tienen que hacer, como autoridad de aplicación, es controlar a las empresas” remarcó.

Menéndez señaló que los desechos industriales impiden que se produzca el proceso natural de degradación de los efluentes cloacales. “No se pueden tratar los efluentes porque no se pueden degradar”, indicó.

“En el 2008, la Provincia hizo un acuerdo con Alicia Lemme (intendenta de la capital en ese momento), en el que Alberto Rodríguez Saá (gobernador de esa época) reconoce que no se produce el proceso de degradación y firma el convenio de Hepatitis Cero. En ese convenio la Provincia se compromete a construir la planta de tratamiento” recordó Menéndez y agregó: “Este Ministerio de Medio Ambiente que ahora intima, ya ha sido intimado por la Municipalidad a que construya la planta, tal cual se comprometieron en ese acuerdo”.

El tema ya fue derivado a la justicia para que determine quién es el responsable de realizar la obra.