Para la política, Tucumán tiene la misma población que hace 27 años. De nada sirvieron los sucesivos relevamientos de habitantes ya que nunca se actualizó el número de diputados nacionales. Quedó cristalizado en nueve desde la implementación del decreto ley 22.847, firmado en 1983 por el presidente de facto, Reynaldo Bignone, pocos meses antes de la normalización democrática del país.

En aquel entonces, vivían en la provincia poco más de 972.000 personas. Ahora, la proyección de habitantes supera cómodamente el 1,5 millón de tucumanos, alrededor de un 60% de aumento poblacional respecto de 1980.

La realización del Censo 2010 el próximo miércoles 27 no sólo arrojará resultados estadísticos respecto de la cantidad de habitantes, su nivel de estudio y formación, sus bienes y hasta sus orígenes étnicos; sino que podría tener posibles consecuencias políticas de envergadura. Saber cuántas personas viven en cada provincia pondrá nuevamente en crisis la cláusula de la Constitución Nacional que estipula que debe haber una proporcionalidad entre el número de diputados y la cantidad de habitantes y la obligación de una redeterminación de la distribución de los escaños luego de cada censo.

Si se aplicase automáticamente las normas, Tucumán ganaría, como mínimo, un representante en la Cámara Baja. También se debería recalcular la representación de las otras provincias, con resultados fluctuantes según la variable de vecinos. Pero para ello, debería sancionarse una reforma normativa para que se plasme en el recinto el nuevo mapa habitacional del país.

Nada de esto ocurrirá. En el Congreso no hay ningún proyecto de ley sobre esta materia y, mucho menos, voluntad política para abordar la discusión desde el oficialismo, según lo admitieron algunos de sus referentes a LA GACETA. En el mismo sentido se pronunciaron expertos consultados, como Diego Reynoso, quien advirtió la visión negativa de los ciudadanos sobre sus representantes. En cambio, en el bloque radical el tema comenzó a ser analizado.

Vieja disposición

La principal disposición sobre este tema está plasmada en el artículo 45 de la Carta Magna, que dispone que los miembros de la Cámara de Diputados representan directamente al pueblo (los senadores, en tanto, a las provincias). "El número de representantes será de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado", determina la norma.

Esta cifra fue decidida en la reforma constitucional de 1898, y no fue modificada en los cambios que hubo en estos 112 años. En los hechos, no se la aplica; de hacerlo sólo Tucumán debería tener 45 diputados nacionales.

La actual composición fue definida por Bignone, quien fijó un cociente de una banca cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, pero además generó un mecanismo de sobrerrepresentación en beneficio de las provincias con menor cantidad de población y menguó la presencia parlamentaria de las más numerosas.

Sin modificación posible

A diferencia de la Nación y de otras provincias, en Tucumán la representatividad de los legisladores locales no está vinculada con la población en cada una de sus departamentos, sino que fue fijada con plena estabilidad en la reforma de la Carta Magna de 2006.

El nuevo artículo 44 estableció una Legislatura compuesta por 49 ciudadanos elegidos directamente por el pueblo de la Provincia. "Corresponderán 19 legisladores por la Sección I (Capital), 12 legisladores por la Sección II (Este), y 18 legisladores por la Sección III (Oeste)", reza la norma.

De este modo, no incidirá en la distribución de las bancas legislativas ningún cambio en la cantidad de población de cada sección electoral, aunque haya traslados masivos de vecinos de un municipio a otro, como ocurre con los barrios de las afueras de San Miguel de Tucumán en detrimento de su área urbana céntrica. Por ejemplo, el impacto que será Lomas de Tafí o el crecimiento de Yerba Buena no se verá reflejado en un aumento de representantes para la sección Oeste. Cualquier cambio que se quiera introducir debería transitar el engorroso camino de la reforma constitucional, una vez más.