Este fue el motivo por el cual este diario se ocupó hace rato del Fondo Eléctrico de Santa Cruz, que se conforma con el 6 por mil de cada factura de usuario del país (en el caso de la Dpec aparece como "Impuestos nacionales y tal vez por error de impresión dice 6 por ciento).

Ahora, en los últimos días los principales diarios del país han comenzado a enfocar el tema porque se trata de un verdadero escándalo que habiéndose recaudado más de 500 millones de pesos desde 1989 a esta parte (cifra superior incluso si se cuenta que por años rigió la convertibilidad con el dólar) no se hayan destinado a los fines previsto, y encima se lo siga cobrando cuando hace tres años perdió sustento. Ni qué decir de la injusticia que genera al subsidiar el NEA, por caso, una región con serios problemas energéticos y sin fuentes más baratas como el gas natural, a una provincia más rica y desarrollada como Santa Cruz.

En 21 años, Santa Cruz recibió $ 517.289.610, producto de un gravamen que se les cobró, y se cobra, a todos los argentinos en su boleta de luz. Ese dinero era para que Santa Cruz los invirtiese en la realización de las obras necesarias para lograr su conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), algo que se concretó en 2007 con el tendido Puerto Madryn-Pico Truncado, inaugurado con mucha pompa por la actual presidente Cristina Kirchner.

Ayer Clarín y antes Perfil y su revista especializada Fortuna reflejaron el tema porque es grave. Sobre todo porque hay provincias como Corrientes que no están en condiciones de subvencionar el consumo de otras provincias cuando su sistema es calamitoso (ver aparte).

Y si bien ahora está avanzando en la Cámara baja nacional en discutir un freno a este atropello, lo cual fuera reflejado hace más de un mes por EL LIBERTADOR, todo indica que la resolución podría demorarse y con ella perpetuarse el injusto tributo.

Según Clarín, los fondos aportados desde todos los rincones del país no se usaron para los fines estipulados por la ley creada por el ex presidente Raúl Alfonsín. Se trata de la ley 23.681, que estableció un "recargo sobre el precio de venta de la electricidad de seis por mil de las tarifas vigentes, aplicadas a los consumidores finales". Santa Cruz no era la única provincia beneficiada. También estaba Misiones, que se conectó al SADI en 1996 y, como corresponde, se despidió de los fondos. No así Santa Cruz.

El texto de la ley es ambiguo, situación que le dejó a la provincia patagónica la puerta abierta en el uso indiscriminado de lo recaudado por el seis por mil. El artículo tres del texto de la ley nunca fue claro: "El producto total se destinará a la Empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de realizar inversiones en los sectores eléctricos y reducir el nivel de las tarifas aplicadas a los usuarios de electricidad, a los efectos de que las tarifas tiendan a alcanzar los niveles promedios del resto del país".

No se habla de obras de interconectado, pero sí de inversiones. Las tarifas eléctricas de Santa Cruz nunca alcanzaron los niveles promedios, la obra de interconexión la ejecutó el Gobierno nacional (es decir se pagó dos veces) y los fondos terminaron financiando el funcionamiento de Servicios Públicos, la empresa de energía eléctrica santacruceña, que al ser un ente autártico no tiene el peso del Tribunal de Cuentas sobre sus espaldas. Ningún organismo de control auditó la ruta del dinero.

UN PAÍS POCO FEDERAL

El diputado nacional por la Coalición Cívica, Juan Carlos Morán, junto con el aval de los partidos de la oposición fue uno de los responsables para lograr discutir la derogación de la ley. Morán viajó a Santa Cruz y realizó una presentación ante Servicios Públicos para lograr obtener una rendición de gastos. No lo logró. Tampoco lo logró la oposición provincial. "Chaco, Formosa y Corrientes no tienen gas y están aportando al fondo de una provincia rica como Santa Cruz", explicó a Clarín, Morán. "Hemos dado el primer paso importante para eliminarle una caja oscura y política a Kirchner", sentenció.

El gobierno de Néstor Kirchner le adjudicó la obra de interconexión a la empresa Intesar, propiedad de Electroingeniería (propietaria de Transener y adjudicataria de obras en Yacyretá), por $ 460.905.301, que pagará la Nación. La obra es investigada por la Justicia por presuntos sobreprecios. En 2001, el decreto 1378 de Fernando de la Rúa le dio otro beneficio al terruño K: mantener el impuesto "durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de la obra de interconexión", incluso si la obra fue terminada. "No quieren rendir cuentas porque tendrían que devolver plata", aseguró al diario Clarín, Gustavo Calleja, ex subsecretario de combustibles de Alfonsín y conocedor del entretelón de la ley.

La Secretaría de Energía de la Nación es la encargada de transferir los fondos recaudados. El actual secretario de Energía, Daniel Cameron, también fue el encargado de recibirlos: fue director de Servicios Públicos. Hasta 2005, el tope de transferencia anual por el seis por mil, a Santa Cruz, fue de 26 millones de pesos. Kirchner lo aumentó a 35 millones.

Para que todo este enredo cierre con más polémica e indignación para los usuarios de distintos puntos del país que tienen un servicio energético no precisamente óptimo, hay que tratar de entender lo que llega desde Santa Cruz, donde el gobernador Daniel Peralta salió a defender el impuesto: "Hablaremos con la Presidenta para que lo vete", refiriéndose al proyecto opositor, y adelantó una reunión con el ministro Julio De Vido. ¿Y la opinión de los usuarios importará?