Sobre esta última profesional no fue posible certificar qué cargo desempeña dentro de la Secretaría de Hidrocarburos. Si se sabe que durante un período cercano a los tres meses ocupó la vicepresidencia del IPV, cargo de la que fue removida en agosto del año pasado y reemplazada por José Luís del Giudice. Posteriormente se desempeñó como Directora Provincial de Economía Río Grande, función de la que fue dada de baja en noviembre de 2009.

La obligación de conformar esta comisión fue dispuesta por la Gobernadora mediante el dictado del decreto 760/10, a través del cual se creó el registro público de empresas industrializadores de hidrocarburos y reglamentó el artículo 28 de la ley de presupuesto, por el que se modificó la ley de contabilidad para habilitar un régimen especial para la venta de hidrocarburos propiedad de la Provincia. En el artículo 9 del anexo de ese decreto se determinó que esta comisión "deberá conformarse por técnicos especializados de instituciones públicas de la Provincia o la nación, según los proyectos de que se trate", y que su función será la de "analizar las ofertas y recomendar la propuesta más conveniente a los intereses de la industrialización de hidrocarburos de la Provincia". En función del informe de esta comisión, la secretaría de Hidrocarburos dictará una resolución aconsejando al Poder Ejecutivo la aceptación del proyecto y la firma del respectivo convenio de venta del hidrocarburo con el proponente".

Este Decreto se vio complementado por la Resolución 36/10 de la Secretaría de Hidrocarburos. Por esta norma se llamó a inscripción en el registro a las empresas interesadas y se fijó las condiciones generales y particulares que deberán cumplir, como mínimo, las ofertas presentadas. En esa Resolución, dictada el pasado 9 de abril, se determinó que esta comisión "estará compuesta por 5 técnicos especializados", los que intervendrán "en el proceso de apertura y evaluación de ofertas". Se indica además que la comisión "será competente para conducir el proceso y realizar la evaluación de las ofertas presentadas, para lo cual gozará de facultades suficientes para recibir, abrir y evaluar ofertas. Podrá, asimismo, prorrogar términos, emitir dictámenes, recomendaciones, requerir informes y especificaciones, y realizar todo acto necesario para cumplir su misión y elaborar el orden de mérito de las ofertas".