La Cámara de Diputados de la provincia transformó en ley la creación del Juzgado de la Familia y el Menor en General Acha. Así lo confirmó el legislador de la Alianza Coalición Cívica, Juan Carlos Scovenna, durante la reunión mantenida con representantes de los autoconvocados en reclamo de seguridad y justicia.
Implementación.
Ahora solamente resta que el departamento Ejecutivo de la provincia comience a implementar las medidas tendientes a poner en marcha ese organismo judicial en la localidad. Debe definir infraestructura, equipamiento, recurso humano y funcionarios.
La noticia del legislador cayó muy bien a los autoconvocados que asistieron, debido a que era uno de los puntos que formaban parte del petitorio elaborado en las asambleas desarrolladas en la plaza Belgrano. No obstante, se mostraron cautos hasta tanto el gobierno de la provincia efectúe lo necesario para su puesta en funcionamiento.
En una entrevista mantenida con esta agencia, Mirta Schefer, una de las voceras de los vecinos, informó que la visita de Scovenna es el resultado de las gestiones realizadas en función del mandato de la última asamblea popular, llevada a cabo el 5 de junio, ya que se resolvió enviar notas a todos los bloques de la legislatura pampeana para que los diputados viajaran a la ciudad para interiorizarse personalmente sobre la problemática.
Más reuniones.
En ese sentido, Schefer anticipó que el martes harán lo propio miembros del bloque del Frepam, ocasión en la que se aprovechará a consultarles si en el presupuesto -ingresó el jueves a la Cámara- se incorporó los fondos suficientes para la apertura de un Centro de Rehabilitación en la localidad, tal cual anunciara hace unos días Moro en su última visita.
Por otra parte, los autoconvocados insisten con que la Oficina de Mediación Vecinal que funciona en la Unidad Regional III esté a cargo de un funcionario que resida en General Acha. "La intención no es cuestionar a quién se designó oportunamente, sino que por sentido común, consideramos que el profesional que se haga cargo del organismo viva en la ciudad", agregó.
Cabe recordar que los vecinos habían criticado a Mariana Iglesias, porque aseguraban que cobraba un sueldo como responsable de la Oficina de Mediación Vecinal, a pesar de que se había radicado en Mar del Plata. Esto obligó a Ricardo Iglesias, padre de la abogada, a salir a aclarar que su hija no dejó de cumplir con su responsabilidad, al mismo tiempo que adelantó que iba a alejarse del cargo porque estaba destrozada por "las falsas acusaciones".
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