NEUQUEN (AN) - Los diputados consensuaron un proyecto de ley para crear el Consejo Provincial de Salud Mental y Adicciones que tomará estado parlamentario el jueves y, a partir del aval recibido por unanimidad, todo indica que será promulgado por el Poder Ejecutivo. La norma apunta a generar un ámbito que permita afrontar problemáticas a las cuales las estructuras oficiales no resuelven con la eficiencia que se requiere.
La iniciativa fue impulsada por los diputados Graciela Castañón (MPN), Yenny Fonfach (UCR) y Daniel Baum (Servicio y Comunidad), fue consensuada por los miembros de la comisión de origen, la de Desarrollo Humano y Social, y la de Hacienda y Presupuesto y fue aprobada en forma unánime.
Fonfach, precisamente, destacó la importancia de que fue consensuada entre los diputados de distintos bloques y destacó que la norma cubrirá una demanda de servicios que no estaba satisfecha.
La legisladora, quien ha impulsado otras leyes orientadas a las áreas sociales y de salud, particularmente esta última, opinó que el Consejo constituye un aporte sustancial para atender una de las cuestiones más preocupantes que presenta un sector de la juventud en la actualidad, como es su relación y dependencia de las drogas. "Debemos encontrar la manera de combatir toda la adicción a las drogas, trabajando en la prevención de cualquier adicción que represente para la vida de un ciudadano de nuestra provincia una dependencia, con todo lo que esto significa", remarcó.
El Consejo deberá dictar su propio reglamento y, destacó Fonfach, no genera la necesidad de designar personal. Deberá brindar un informe anual de la gestión a la Legislatura, que tendrá carácter público.
Castañón indicó que es muy importante que se cuente "con un organismo particular donde se centralicen y converjan las actuales problemáticas vinculadas con adicciones y salud mental en nuestra provincia".
El Consejo será de carácter interministerial y estará integrado por el ministro de Salud, y un representante del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Estado de Educación, Cultura y Deporte, del Poder Judicial, de la secretaría de Estado de Seguridad, de la Subsecretaría de Trabajo, y por la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura provincial, y contará con una comisión asesora.
El organismo, contempla la ley, se ocupará de apoyar la realización de todas las medidas necesarias para una adecuada reinserción social y laboral de las personas rehabilitadas. También será el responsable de coordinar acciones con los municipios, organizaciones sociales y ong relacionadas con las temáticas.
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