El objetivo, explicó la parlamentaria, es “evitar que se repita un derramamiento de sangre en nuestra provincia como el ocurrido el 12 de octubre de 2009”, cuando el dirigente indígena Javier Chocobar, de la Comunidad Chuschagasta, fue asesinado durante un enfrentamiento con un empresario y dos ex policías.

En este sentido, la diputada del Frente Para la Victoria -miembro de dicha Comisión- puso en conocimiento del organismo que “en Tucumán se desarrolla un proceso de hostigamiento tendiente al destierro de los comuneros mediante falsas denuncias penales y acciones de amparo avaladas por el accionar de la policía de la zona y los Jueces de Paz en un marco de absoluta impunidad por parte de la totalidad de los poderes del Estado”.

Finalmente, recordó que “desde el 2006 relatores de Naciones Unidas advierten al Gobierno de la Nación sobre las sistemáticas violaciones de los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios en Tucumán, referenciándose en los desalojos forzosos en la Comunidad de Quilmes y del Tolombón”. ordenados por la Jueza de Instrucción Emma de Nucci y la Jueza en Documentos y Locaciones, Lucia Alcorta”. “Incluso el entonces Fiscal Federal Emilio Ferrer promovió la acción penal por violación a la Ley 26.160 de Emergencia Territorial y requirió declaración indagatoria de la magistrada Emma de Nucci y a los autores ideológicos de los hechos sin que se haya logrado avances en el proceso”, acotó.

Córdoba también elevó un pedido a Remo Carlotto, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la cámara baja, a fin de que se inste al Poder Ejecutivo de la provincia “para que proceda a la identificación, impugnación y eventual remoción de civiles denunciados públicamente como partícipes del aparato represivo durante la última dictadura que aún revistan calidad de funcionarios de cualquiera de los entes públicos provinciales y se otorgue publicidad a los legajos de funcionarios civiles y militares que colaboraron con el plan sistemático de exterminio en esos años”.

También requirió que se exhorte al gobierno provincial “para que reglamente y ponga en vigencia la Ley provincial nº 7.860, de creación del departamento de Protección a Testigos y la adhesión de Tucumán a la Ley Nacional nº 26.691 de preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de Estado” y “proceda a poner a disposición de la justicia los archivos de la dictadura. Procediendo a desclasificar los archivos policiales -D2 u oficina de inteligencia policial, el registro de partos de la maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes” y todos los archivos que posea que pudieran tener vinculación con la detención, tortura y/o desaparición de personas” y “se soliciten precisiones a la Justicia Federal sobre los recaudos y medidas de seguridad para evitar la evasión de los procesados por delitos de lesa humanidad”, entre otros ítems.

El pedido de la diputada por Tucumán se da en el marco de la visita de la Comisión, que cumplirá con una nutrida agenda los días 28 y 29 de junio en nuestra provincia. Los diputados que la integran se entrevistarán con miembros de la Justicia Federal de Tucumán y con querellantes de las provincias del Noroeste Argentino en las causas por crí­menes de lesa humanidad de la región.