Si funciona bien la prueba piloto en San Francisco, la provincia de Córdoba cambiará la estructura de funcionamiento de las fiscalías y, con ella, castigará con mayor celeridad los delitos descubiertos in fraganti , que se resolverán en un plazo no mayor a 90 días.

El "conejillo de indias" será San Francisco, donde de las 391 aprehensiones en flagrancia que se registraron en 2008 sólo se elevaron a juicio 29, es decir, un 7,42 por ciento de las causas. Si el nuevo sistema que se aplicará a partir de setiembre funciona bien allí, la experiencia luego será replicada en las distintas ciudades.

El ministro de Justicia provincial, Luis Angulo, explicó que la nueva estructura del Ministerio Público Fiscal busca "dar respuesta tanto al reclamo social de rápido esclarecimiento de los hechos delictivos, como a la necesidad de resolver los procesos penales en un tiempo razonable".

Unidad de gestión. Uno de los cambios más importantes implica que los recursos humanos y materiales ya no estarán distribuidos en diferentes fiscalías. Así, se creará una sola unidad de gestión y se dividirá el trabajo en tres área. La primera es la de atención inmediata, que estará en contacto con el público, clasificará las causas y las remitirá a una de las otras dos áreas: la de flagrancia y la de delitos complejos.

Las mayores novedades están en la segunda área, la de flagrancia, con un sistema expedito y opalizado, en el que prácticamente desaparecerá el expediente en papel.

Para esas causas, la unidad de gestión fijará una audiencia con un plazo máximo de 5 días desde la detención, en la que estará presente el juez y decidirá si libera al presunto criminal. La audiencia quedará registrada en un sistema de audio. Dentro de los 15 días de esa audiencia, el fiscal debe reunir las pruebas y decidir si sobresee al imputado o si eleva la causa a juicio.

Cristian Riego, director ejecutivo del Centro de Estudios Justicia de las Américas, institución que colaborará en el desarrollo de este proyecto, especificó que esta experiencia se está aplicando en países como Chile y Perú. "Incluso muchas jurisdicciones argentinas -provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Chubut, entre otros- pusieron en práctica este sistema", indicó.

Riego explicó que se apunta "a fijar plazos muy estrictos. Cuando se detiene a una persona que, por ejemplo, cometió un robo se establece un plazo muy concreto en el que se hace una audiencia pública, esa persona comparece, se verifica su detención. Eventualmente se alcanza un acuerdo, por ejemplo de reparación a la víctima".

Y agregó: "En los casos que no se alcanza este tipo acuerdo se plantea la realización de un juicio en un plazo breve de 60 a 90 días, con lo cual se abandona el método tradicional, con una investigación larga que concluye con en un juicio uno o dos años después". El letrado aclaró que con este sistema "se da solución a las causas de criminalidad callejera. Delitos contra la propiedad, robos y hurtos, se están resolviendo en plazos que van desde cinco a 90 días".

La prueba piloto se presentó ayer en Tribunales I, ante la presencia del ministro de Justicia; el fiscal general, Darío Vezzaro, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mercedes Blanc de Arabel, entre otras autoridades.