El gobierno de Córdoba, en el ámbito dela Legislatura, propuso crear el subsidio honorífico denominado “Reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura”, en una nueva muestra de acercamiento de la gestión de José Manuel de la Sota a las políticas que se implementan desde la Casa Rosada en materia de Derechos Humanos.

La “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura” consiste en el pago de una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable.

“Córdoba, en especial desde que es gobernada por Unión por Córdoba, viene tomando medidas de gobierno y desarrollando políticas de Estado que, en sintonía con las realizadas por el gobierno nacional, tienden a recuperar la memoria, a no olvidar lo sucedido durante la dictadura como garantía necesaria de que no volverá a ocurrir, a reivindicar a nuestros luchadores perseguidos y reprimidos por los personeros del horror y a –de alguna manera- paliar o reparar las injusticias cometidas en razón de las políticas represivas desarrolladas por los ilegítimos gobernantes surgidos del golpe del 76’”, expresa el legislador Carlos Alesandri en los fundamentos del proyecto.

El subsidio para ex presos políticos es un viejo reclamo de quienes estuvieron detenidos durante la pasada dictadura militar, y se pone en línea con leyes similares que ya existen por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto de Alesandri acerca más a De la Sota con los reclamos de agrupaciones de jóvenes kirchneristas, como La Cámpora, la Jauretche o Kolina, mientras continúa el deshielo de las relaciones con el gobierno nacional a raíz de diferencias políticas como el caso de los Derechos Humanos.

Para ser beneficiario de la presente ley, se deben reunir los siguientes requisitos: a) haber sido detenido por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983; b) tener residencia en la Provincia de Córdoba por un periodo no inferior a los diez años; c) la detención mencionada en el inciso a) debe haberse producido en la Provincia de Córdoba; d) ser aprobada la solicitud respectiva por la Comisión Provincial del la Memoria creada por Ley Nº 9286 o, en su defecto, por la Autoridad de Aplicación de la presente ley; e) no percibir otra prestación derivada de la misma situación de ex preso o perseguido político, pudiendo renunciar a la misma para la percepción de la creada en esta ley si así lo deseare.

En caso de fallecimiento del beneficiario directo de la “reparación provincial a expresos políticos de la dictadura”, tienen derecho a la percepción de la misma en el siguiente orden de prelación: a) cónyuge supérstite; b) conviviente en aparente matrimonio;c) hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta que alcancen la mayoría de edad e hijos incapacitados para el trabajo mientras dure la incapacidad.

La aprobación de la iniciativa en la Legislatura estaría garantizada en virtud de Unión por Córdoba tener la mayoría parlamentaria, aunque seguramente otros bloques adherirán a la iniciativa.