Luego de tres años de investigación, el fiscal de Delitos contra la Administración Pública, Ignacio Di Maggio, resolvió archivar la causa por supuestos sobreprecios en la cárcel de Senillosa por considerar que “no hubo conductas delictivas”. Sin embargo, confirmó “la existencia de múltiples falencias edilicias y funcionales” en la obra que demandó más de 100 millones de pesos pero que aún no se inauguró.

En la resolución que se conoció ayer, el fiscal planteó que “pude constatar la existencia de múltiples falencias edilicias y funcionales que obstan poner en funcionamiento la unidad carcelaria con los estándares de seguridad que resultan dable esperar”. Y remarcó que este panorama fue ratificado mediante un informe de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la declaración de Miguel Angel Garretón, la persona contratada para organizar la puesta en marcha de la cárcel.

Entre los problemas mencionados, que en parte habían trascendido en 2008, figura la falta de una línea energética con suficiente potencia para abastecer el complejo; la instalación de cables internos a la vista; riesgo de inundación; y sectores que las cámaras de seguridad no alcanzan a cubrir, entre otros (ver aparte).

Estas irregularidades, sin embargo, no fueron puestas bajo la lupa por la Justicia. Di Maggio señaló que, pese a haber reunido la documentación, “es algo que excede el objeto de la investigación y lo tendrá que analizar el responsable del Poder Ejecutivo para el área de Seguridad, que es el ministro Gabriel Gastaminza”.

También destacó que “si algún funcionario permitió que se siguiera construyendo un edificio a sabiendas de que había deficiencias, es una cuestión que le corresponde al Ejecutivo”, y adelantó que “no habría problema en hacer una investigación judicial si es que se produce un pedido, pero no es lo que estaba planteado ahora”.

Situación carcelaria

La resolución de la Justicia provincial llega en un momento en el que las cárceles están en un momento crítico por la falta de infraestructura y el hacinamiento de las personas detenidas, entre otros problemas (ver aparte).

El complejo demandó una inversión que triplicó el presupuesto original: 105 millones de pesos contra 41 iniciales. La construcción comenzó durante el último gobierno de Jorge Sobisch, en 2004. Desde hace poco más de un año, la provincia tiene las llaves del edificio pero no lo pudo habilitar a pesar de todos los anuncios que se hicieron desde el Ejecutivo.

La investigación por supuestos sobreprecios arrancó en junio de 2009 por orden del entonces fiscal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Alberto Tribug. El fundamento fueron las declaraciones del vocal del máximo órgano judicial de la provincia, Guillermo Labate, quien sostuvo que el precio final de la obra le parecía “desmedido”.

En el fallo, Di Maggio sostuvo que “en la ejecución de la obra no hubo conductas delictivas”. Uno de los elementos en los que se basó fueron los análisis de los peritos contables sobre la evolución de los precios, donde se establece que los 41 millones de pesos de 2004 equivalieron a los 105 de enero de 2008.