El viernes último, sorpresivamente el Gobierno provincial anunció su intención de cerrar el edificio de la ex cárcel de Encausados (técnicamente la Unidad de Contención de Aprehendidos o UCA) en barrio Güemes, trasladando antes a los 121 detenidos que allí viven. Aunque hasta ahora no reveló qué planes tiene para el inmueble de Belgrano 351, el hecho de que ocupa una manzana en medio de una zona con alto potencial inmobiliario muy próxima a Nueva Córdoba y que el propio De la Sota y Juan Schiaretti trazaron en gestiones anteriores planes para demolerlo o venderlo, generalizó la especulación de que será blanco de alguna operación inmobiliaria.

Allí surge el tema clave, ¿qué permite hacer la normativa municipal en esa parcela? Hasta dos días antes del anuncio provincial las ordenanzas eran más rígidas, pero precisamente el jueves último la gestión radical logró la aprobación de una norma que introduce flexibilidad en esas regulaciones.

Se trata de la ordenanza de convenios urbanísticos (antes llamadas concertaciones), que regula un mecanismo para que el municipio pueda autorizar, en torno a grandes proyectos urbanos, excepciones a las normas de uso y ocupación del suelo si las considera “positivas”.

A cambio, debe exigir a la contraparte (el inversor o la institución que promueve el proyecto) una parte del beneficio extra que deriva de las excepciones que autorizó: por ejemplo, si permitió más altura o más metros construidos la cesión o el pago equivalente en dinero de pisos del 10 o 15 por ciento de ese extra, según el caso. Desde el Concejo Deliberante apuntaron que en este marco, tanto la Provincia (como dueña del inmueble) o un propietario privado si esta lo vendiera, pueden proponer a la comuna un proyecto edilicio de diferente tipo (que combine torres, con espacios comerciales y públicos, por ejemplo) dentro de un convenio urbanístico. La decisión de autorizarlo o no, o proponer cambios al inversor recae en el Ejecutivo municipal, que una vez acordado debe enviar el convenio al Concejo Deliberante para su ratificación o rechazo en bloque.

Antes de la sanción de esta norma, la comuna también autorizaba proyectos excepcionales, pero hacerlo estaba más acotado al tipo de parcela donde se ubicara el inmueble y, vale aclarar, el mecanismo era menos transparente.

Para el uso de grandes tierras vacantes próximas a Encausados, como el ex Batallón 141, la administración mestrista ya adelantó el criterio de promover vivienda en altura, ya que se trata de áreas con verde (el Parque Sarmiento) y muy buena dotación de servicios.

En la zona que rodea a la UCA se permiten construcciones de hasta tres pisos.

Patrimonio. Otra característica especial que tiene la ex Encausados es la protección legal patrimonial. Sin embargo, ese corpus no es terminante ni establece que el edificio de 1920 no pueda tocarse. Por otra parte, la gestión radical adelantó hace tiempo su intención de revisarlo y darle mayor flexibilidad, y de “depurar” el listado de 1.890 inmuebles protegidos con diferente intensidad (que integra Encausados).

Esa nómina se considera demasiado amplia y la idea es acotarla. Por estos días, rige aprobada por el Concejo, la prohibición de autorizar demoliciones de inmuebles por 180 días (proyecto presentado por el juecista Esteban Dómina), tiempo que se abrió como bisagra para revisar el listado y la normativa de patrimonio.

Hasta ahora, la cárcel figura en el listado de inmuebles catalogados -durante la intendencia de Luis Juez- como de valor patrimonial de categoría “media. Para ese nivel, la ordenanza complementaria 11.202 establece que se le pueden aplicar intervenciones que hagan posible “la puesta en valor de partes específicas y determinadas en cada caso”.

Las mismas pueden implicar la “conservación, restauración y reconstrucción de las partes mantenidas” (…) y la “recuperación, renovación refuncionalización, reciclaje garantizando la armónica relación con aquello motivo de preservación”.

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El debate entre el negocio y el patrimonio

El predio de la Cárcel de Encausados, desde el anuncio realizado por la Provincia, es motivo de varias especulaciones. Y las especulaciones son diversas. Para los representantes del sector inmobiliario se trata de una zona deprimida y que sólo tendría potencial en caso de que la cárcel fuera retirada. Los vecinos temen que si esto sucede pierdan la seguridad que tienen en la zona con la presencia de la Policía.