La coyuntura tiene eco en la Legislatura

Se trató el tema de la falta de combustibles, en la que poco pueden hacer los diputados. Y se polemizó respecto de las contrataciones del CPE, con una novedad: Inaudi aprovechó para vincular al tema con el intendente Farizano.
Poco efecto práctico tendrán los debates que apasionadamente explotaron en el recinto legislativo de Neuquén este miércoles: el de la escasez de combustibles, no hace más que intentar reflejar la situación de desamparo que viven miles de automovilistas, perdiendo horas en largas colas para cargar nafta; y el que correspondió a las presuntas irregularidades en contrataciones del CPE, convalida la acostumbrada (y tal vez lógica) cortina que baja el MPN en estos casos a la interpelación de funcionarios.

La cámara aprobó por mayoría la resolución 797, que pide informes al Ejecutivo provincial sobre la situación de abastecimiento de combustible y la entrega de petróleo a las destilerías que funcionan en la jurisdicción.

Las denuncias de irregularidades en el sistema de compras de la cartera educativa y el requerimiento de explicaciones en el recinto a los funcionarios del organismo, recibieron el rechazo del bloque del oficialismo, que propuso a cambio la presencia de los funcionarios en la comisión.

Rodolfo Canini, diputado del MUN, se solazó en la existencia de parentesco entre proveedores y la funcionaria Patricia Ruiz y en el tema denunciado en su momento por la CTA, de sobreprecios en las compras. Marcelo Inaudi, del radicalismo quiroguista, acompañó la iniciativa y agregó que la misma firma proveedora tiene como cliente a la municipalidad de Neuquén, en varios rubros y sin licitaciones, con lo que dejó “pegado” también al intendente Martín Farizano.

Desde el bloque del MPN, Darío Mattio, ofició de abogado defensor del oficialismo. Dijo que la presidenta del CPE se puso a disposición de la justicia; detalló que en la compulsa de precios para la compra de leche intervinieron cinco empresas y “ganó la de menor precio”.

Su compañera de bancada, Silvia de Otaño, distinguió entre la “legalidad o ilegalidad” de los procedimientos; reclamó igual actitud de control para los municipios y expresó la decisión del bloque de invitar a comisión a los funcionarios, tal como ha sucedido en pedidos similares.

En concreto, el tratamiento sobre tablas no logró los dos tercios y fue girado a la comisión de Educación.

Sobre la escasez de combustibles la Cámara en primer término desestimó un proyecto de Paula Sánchez en el que “exhortaba” al Ejecutivo nacional y provincial para que intimen a las empresas.

El cuerpo debatió el proyecto del diputado Daniel Baum que requiere información al Ejecutivo provincial para conocer con precisión el déficit existente. Sobre este punto, Tomás Benítez –diputado UCR- reclamó “una respuesta inmediata”, minimizando el pedido de informes que –dijo- los funcionarios ya lo han explicitado por los medios y en documentos.

Baum respondió que la Legislatura se pronuncia con leyes, resoluciones y declaraciones y para hacer una norma como respuesta al problema se necesita de la información oficial.

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