La exprestataria de la recolección de residuos Cotreco está en concurso de acreedores desde poco antes de abandonar el servicio en la ciudad de Córdoba, en 2018, y además enfrenta una compleja causa judicial que tiene procesados a su titular, Horacio Busso, y a otros 15 miembros de la compañía por millonarias maniobras de apropiación de impuestos y de recursos de la seguridad. No obstante, ayer Cotreco logró preocupar en extremo a las autoridades de la Municipalidad de Córdoba.

La empresa logró un fallo del juez porteño Hernán Diego Papa, titular del Juzgado Concursal Número 12, que habilitó embargos de la exprestataria contra el Estado municipal por un total de 232 millones de pesos. El fallo considera que existían dictámenes judiciales previos a la aprobación de la ordenanza que, en el marco de la emergencia económica, establece la inembargabilidad de las cuentas municipales.

Esas demandas corresponden a la falta de pago de los servicios del mes de noviembre de 2018 por parte de la gestión del exintendente Ramón Mestre y al reclamo de intereses.

No obstante, luego Cotreco presentó otras demandas contencioso-administrativas en los tribunales cordobeses por reclamos históricos de supuesta falta de pago de una de las tres frecuencias de recolección en el Centro, de aplicación indebida de multas y de atrasos en las redeterminaciones de precios. Todas esas presentaciones superan los 850 millones de pesos, y la empresa calcula intereses y costas, y habla de acreencias por casi dos mil millones de pesos.

En la Municipalidad de Córdoba analizan el fallo y extreman la cautela. La instrucción del intendente Martín Llaryora fue que se acataran los fallos judiciales, pero las cifras de Cotreco son relativizadas.

El propio gerente administrativo de la empresa, Emanuel Druetta, aseguró que los recursos que el municipio adeuda a Cotreco desde la gestión Mestre llegan casi a dos mil millones de pesos, pero que la firma “está dispuesta a negociar y a acordar” con la actual gestión municipal. En una complejísima situación judicial como la que afronta Cotreco, todo indica que los montos pueden reducirse drásticamente.

No obstante, el fallo indica que lo inmediato para el Ejecutivo municipal será afrontar los embargos ratificados el martes por tres reclamos que totalizan 232 millones de pesos. Para entender la magnitud de esa cifra, hay que considerar que equivale a todo lo que la ciudad destinó a tareas de bacheo en lo que va del año.

Llaryora, por el momento, optó por una respuesta política que quedó en manos del titular de la bancada de Hacemos por Córdoba en el Concejo Deliberante, Juan Domingo Viola. “Este fallo es una muestra más del desastre que la gestión anterior hizo en la Municipalidad de Córdoba, del desorden administrativo y de la precariedad que rigió la prestación de servicios”, indicó el edil. Recordó que el municipio enfrenta miles de juicios y consideró que la estimación de un pasivo judicial de nueve mil millones de pesos es subestimada.

“La decisión del intendente Llaryora es que el municipio no va a desconocer ninguna orden judicial y va a honrar sus deudas, siempre que sean reales”, indicó Viola. Y volvió a cargar contra el estado en que Mestre dejó el municipio. “Esto corrobora que recibimos una Municipalidad fundida, endeudada y prestando pésimos servicios”, indicó.

Además recalcó que hoy se intenta poner orden en la administración, mejorar los servicios y hacer obras “con una absoluta falta de acompañamiento de la oposición política”.

La relación entre Mestre y Cotreco fue controvertida desde el inicio hasta el final de la gestión. No bien asumió, el exintendente subcontrató de modo directo a Cotreco –también a Lusa– y luego le adjudicó un tercio del nuevo sistema, pese a que la empresa ya atravesaba evidentes problemas financieros. La relación terminó con acusaciones mutuas y un juicio que ahora hay que pagar.

Casi tres mil juicios por un total que puede superar los $ 9.000 millones

El juicio de la exprestataria Cotreco que por estas horas genera extrema preocupación en la Municipalidad de Córdoba es una entre casi tres mil causas que al 10 de diciembre pasado enfrentaba el municipio y que en febrero relevó la actual gestión. El número exacto era entonces 2.989 causas, que representan un potencial pasivo de unos nueve mil millones de pesos, según los cálculos de la Asesoría Letrada.

Además de los juicios contra la administración municipal, el reporte incluye las demandas contra las firmas estatales Crese, Tamse, Cormecor y Esop.

La previsión de pasivos de los más de 1.800 juicios contra la propia administración supera los seis mil millones de pesos.

La gestión del exintendente Ramón Mestre consideró disparatada esa estimación, pero sólo las demandas de Cotreco –que inicialmente fueron de algo más de 800 millones de pesos–, con intereses y costas, podrían demandar unos dos mil millones a la ciudad.