Unos u$s 22 millones fue el costo calculado de la operación de rescate de los 33 mineros atrapados desde el pasado 5 de agosto en el yacimiento San José, en el norte de Chile, según informó el diario local La Tercera. El monto, calculado de acuerdo a cifras recogidas entre las empresas del sector, no incluye el mantenimiento del llamado “Campamento Esperanza”, donde en los últimos días, entre periodistas y familiares, se sumaron unas 3.000 personas.

Según el diario, el nivel de gasto en el rescate superaría las deudas por u$s 19 millones de Minera San Esteban, la compañía propietaria del yacimiento San José. El pasivo se arrastra principalmente desde 2007, cuando los yacimientos San José y San Antonio debieron ser cerrados tras una seguidilla de graves accidentes laborales.

La estatal Corporación del Cobre (Codelco), la mayor productora de cobre del mundo, fue la empresa que más ha desembolsado para esta operación de rescate: unos u$s 15 millones, lo que representa 75% del total.

Estos recursos se usaron para financiar el alquiler de vehículos y maquinaria, la construcción de obras civiles y la implementación de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, así como para pagar a los operarios con ayudaron en el rescate.

Según La Tercera, las mineras privadas Collahuasi, Escondida, Anglo American, entre otras, también financiaron equipos y dispusieron de expertos para el operativo, con un aporte que rondó en total u$s 5 millones.

Uno de los mayores costos que asumieron las empresas privadas, según el diario, fue el uso de la perforadora SchraamT-130, cuya operación diaria costaba u$s 18.000.

Pero también hubo donaciones de empresas. Movistar, por ejemplo, entregó teléfonos satelitales con llamadas gratuitas a las autoridades de la zona y el empresario minero Leonardo Farkas entregó un cheque a cada familia por u$s 10.000.

Tras confirmarse que todos los mineros estaban vivos, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de Minera San Esteban, no regresaron al “campamento Esperanza”, aunque la semana pasada volvieron a Copiapó para gestionar un préstamo de u$s 370 millones con la Empresa Nacional de Minería para pagar los sueldos de unos 300 trabajadores que quedaron sin trabajo tras el derrumbe.

Por otro lado, los familiares de 26 de los 33 mineros accidentados presentaron una querella por lesiones en contra de los dueños del yacimiento por u$s 10 millones y contra funcionarios estatales por prevaricación.