A fines de junio de este año, la empresa concesionaria del predio Costa Salguero presentó en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad una solicitud de remoción del juez porteño en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Roberto Andrés Gallardo. Ante el infructuoso pedido de juicio político, la empresa Telemetrix S.A. recurrió a la Justicia e impulsó una denuncia contra el magistrado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Los motivos de la querella se enmarcan en una serie de acciones dispuestas por el juez de la Ciudad contra la empresa a raíz de un recurso de amparo planteado en el año 2009 por el entonces legislador porteño Facundo Di Fillipo y la actual legisladora Rocío Sánchez Andía (ambos de la Coalición Cívica) solicitando que se respete la normativa que establece que debe existir un corredor ribereño libre y público.

“Telemetrix S.A. es la legítima concesionaria de dicho predio (varias hectáreas ganadas al Río de la Plata), el que se generó a raíz de su propia actividad, en la que se insumió ingente tiempo y gran inversión; toda esa obra, y el uso mismo del predio se encuentran amenazados, gravemente amenazados, a raíz de la ilegítima, parcial y deliberada actividad que lleva a cabo el juez Gallardo”, remarcó la empresa en su presentación ante el Consejo de la Magistratura.

En la denuncia penal, Telemetrix volvió a reiterar sus críticas a las medidas dispuestas por el magistrado, y remarcó que el juez Gallardo utilizó el amparo a modo de un "paraguas legal" y "dictó resoluciones y ordenó medidas en abierta contradicción con previsiones legales (...) sobrepasando los límites de su jurisdicción", lo que dejaría de manifiesto “un claro y oculto designio de perjudicar los intereses de la firma Telemetrix SA".