La iniciativa cobra mayor fuerza por estos días que se discute a nivel nacional una nueva legislación de zonas francas, un viejo anhelo de Río Gallegos que se profundizó a partir de la despareja competencia que ofrece Punta Arenas, Chile, con su área de comercio libre de impuestos.

Mejora del poder adquisitivo- El Legislador santacruceño aclaró que no hizo más que volver a presentar un proyecto que había impulsado en su momento el Frente Para la Victoria (FVS), en épocas de Néstor Kirchner como gobernador entre 1993 a 1995. Además explicó que la iniciativa consiste en una zona franca industrial, “que permite el ingreso de insumos importados para su transformación y devuelta la exportación” y añadió que “son fundamentalmente para la radicación de industrias” y con una zona franca minorista como existe en la ciudad chilena.

“Es decir que la gente puede comprar, por ejemplo electrónica, lo que hace mejorar el poder adquisitivo ya que al pagar los productos libre de impuestos, los adquiere a valores más bajos, favoreciendo el poder de compra”, sostuvo a TiempoSur.

Costa reconoció que se está trabajando en la modificación de la ley pero aclaró que hasta el momento no existen muchos avances. “Básicamente la mayoría de los proyectos son de zonas francas industriales que son las que hoy están en vigencia”, comentó.

El proyecto- La iniciativa presentada por Costa considera a las “zonas francas” como espacios en los cuales la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y su importación como su exportación, no están gravadas con tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico (Ley 22415 - Código Aduanero - Art. 590). “El objetivo de estas zonas es fomentar el comercio y la actividad industrial exportadora a través de la reducción de costos y la simplificación de los procedimientos administrativos, ofreciendo además incentivos fiscales”, sostiene.

Menciona que la Ley 24.331, en su Artículo 2, faculta al Poder Ejecutivo Nacional a crear en el territorio de cada provincia una zona franca, y establece en el Artículo 4 que este convendrá con los gobiernos provinciales el establecimiento de estas áreas que estarán ubicadas en regiones geográficas cuya situación económica sea crítica o que por su vecindad con otros países así lo requieran.

“Nosotros lo hemos pedido porque estamos en una situación muy desventajosa con el tema Punta Arenas, hay un gran drenaje de dinero que se va ahí” y sostuvo que el sector comercial de la provincia “compite en condiciones de desigualdad”, manifestó Eduardo Costa.

Reunión en Buenos Aires- Por otro lado, ayer se desarrolló un encuentro de representantes de provincias con zonas francas designadas y en concesión, en la Casa de Chubut, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien -por lo que puso saber TiempoSur-, la provincia de Santa Cruz no contó con funcionarios en el encuentro, es una de las jurisdicciones con zona franca en concesión.

La reunión –impulsada por el Gobierno de Chubut que encabeza Martín Buzzi (FVS)- tuvo por objetivo trabajar en la modificación a la ley vigente, con la aspiración que cada uno de los distritos con zonas francas designadas y en concesión, las comiencen a desarrollar.

Se destacó que esta es la tercera reunión en el año, destinada a seguir avanzando en la modificación de la Ley Nacional de Zonas Francas. “Hay dos proyectos presentados por diputadas del Frente para la Victoria, y la idea es confluir con un proyecto en común para presentar al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación”, indicaron.

Una historia esquiva desde hace veinte años

El 19 de enero de 1994, el Estado nacional se comprometió "a reglamentar la Ley de Zonas Francas”, a permitir la instalación de dos zonas francas por extensión en Santa Cruz, una en Caleta Olivia y otra en Río Gallegos. Pocos meses después el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.331, reglamentaria de las zonas francas, en cuyo marco debía encuadrarse el compromiso asumido por el Gobierno nacional.

El 11 de agosto de 1994 la provincia de Santa Cruz se adhirió a la Ley 24.331 y, más adelante, el 5 de diciembre de ese año se celebró entre la provincia y el Estado nacional un segundo convenio, mediante el cual se acordaban medidas respecto de la implementación de tales áreas.

El 29 de junio de 1995 el Ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos -que constituía la autoridad de aplicación- dictó la Resolución Nº 898/95, por la que aprobaba el reglamento de funcionamiento y operación de las zonas francas de Río Gallegos y Caleta Olivia.

La provincia de Santa Cruz cumplió totalmente las obligaciones del acuerdo. Las localidades hicieron las correspondientes cesiones de territorio, se llamó a licitación y se adjudicó la concesión, se comenzó la realización de las obras de infraestructura necesarias. De tal forma, la provincia adoptó las medidas tendientes a poner en funcionamiento las zonas francas creadas.

El 19 de diciembre de 1996, el Poder Ejecutivo Nacional derogó el decreto 520/95 invocando razones de oportunidad, mérito y conveniencia, dejando sin el instrumento jurídico correspondiente a la exención de aranceles e IVA a que se había comprometido respecto de las ventas al por menor definidas en la Resolución 898/95.

Ello afectó gravemente la continuidad de la concesión ya otorgada y provocó la disolución de los contratos respectivos.