Afirmaron desde la Defensoría del Pueblo, que cuando su titular, Dr. José Leonardo Gialluca, y funcionarios del Servicio Provincial de Agua Potable SPAP, explicaron pormenorizadamente las obras que el Gobierno Provincial,
Debemos afirmar, expresó el Defensor del Pueblo de la Provincia, que desconocemos con que intenciones, se ha manifestado que las medidas adoptadas, en torno al inicio de obras de ejecución para las perforaciones, así como la adecuación y ampliación de toda la red de distribución de agua potable en Mojón de Fierro son nuevas y llegaron luego del corte.
Esa acción o política de mentir al ciudadano es lo que termina divorciando a algunos políticos de las necesidades genuinas y reales del Pueblo. La postura histórica de la Defensoría del Pueblo, va contra la violencia e irracionalidad que hay en todo corte de ruta, pues tal acción implica el desconocimiento de elementales derechos constitucionales, quizás el mayormente vulnerado es el que tenemos todos, de desplazarnos, libremente, dentro del territorio provincial por lugares públicos, más aún, si dichos lugares son vías de comunicación.
Por otro lado, va el derecho que tenemos todos a protestar pero dentro de la Ley para exigir el cumplimiento de nuestros derechos.. Lo de manifestarse y peticionar a las autoridades son derechos que tenemos, pero como tales, deben ser ejercidos en el marco de la vigencia de nuestra Constitución Nacional, la Provincial y las leyes dictadas en consecuencia, sin avasallar derechos públicos ni privados.
El Ombudsman manifestó, que lamentablemente para todos los vecinos, usuarios y consumidores que representamos a nuestra provincia, nos vienen planteando como actuar en los hechos, frente a estas medidas de cortes de rutas provinciales y nacionales que perjudican a todo el conjunto de los formoseños y en donde en cada uno de ellos vemos involucrados en estos tiempos sectores políticos y/o afines con determinados candidatos que apoyan estas medidas en la creencia de que están haciendo algo por la gente.
Nada mas alejado de la realidad, ya que, únicamente vemos como propuestas, pretender enfrentar a los formoseños, sin decirnos cuales son las alternativas que existen o que pudieran construirse, puesto que se debe tener en claro, que la Defensoría del Pueblo no criminaliza la protesta social, sino que cuando la protesta misma, va en contra de la Ley, debe actuar la Justicia competente, pues estamos simplemente frente a un delito tipificado claramente por el Código Penal, y en donde existen responsables directos, indirectos y también los ideológicos que son los peores pues no dan la cara, pero toda acción tiene las características que los identifican.

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