El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincia y Municipal de Salta, Miguel Rojo, señaló que los jueces antepusieron decretos provinciales la Constitución Nacional y los convenios con la OIT.

La Corte de Justicia le dio finalmente la razón al gobierno provincial, que había apelado el fallo de una jueza que ordenaba la reincorporación de Marina del Valle Guanca, una empleada pública dejada cesante por el gobierno de Juan Carlos Romero, pese a que era integrante de la comisión directiva de la ATAP,

Guanca había sido nombrada en 2005 con el artículo 30, y después de desempeñarse en el Servicio Administrativo Financiero, fue trasladada a la secretaría de Asistencia Médica y Promoción Social y al Archivo de la Provincia. Un decreto de 2007 dejó sin efecto su nombramiento "sin estabilidad", pese a que por entonces era parte de la ATAP, un sindicato con inscripción gremial, aunque sin personería.

La trabajadora, sin embargo, logró en 2008 que la jueza primera instancia en lo contencioso administrativa, Silvia Longarte, ordenara su reincorporación y el pago de los salarios caídos, argumentando que el Ejecutivo no podía haberla despedido sin haber tomado los recaudos que la ley dispone para garantizar la estabilidad de los representantes gremiales.

El fallo, sin embargo, fue apelado por el gobierno de Urtubey, y la Corte terminó dándole la razón en un fallo en el que sostuvieron que la Administración no tenía el deber de gestionar la exclusión de la tutela sindical en el caso de Guanca.

Los jueces argumentaron que según un decreto provincial -el 4118- los empleados que fueron designados provisoriamente gozan de la licencia gremial sólo "hasta agotado el término de su designación", lo que ocurrió cuando Guanca fue dejada cesante por el decreto de Romero.

Además, dejaron en claro que estos casos no se requieren actos de ninguna naturaleza, "cesando la designación con el cese del funcionario que la promovió", aunque no fue el caso de Guanca, cuyo decreto de cese no invoca esas razones.

De ese modo, para los jueces los gobiernos pueden dejar cesantes a los empleados provisorios que integren comisiones directivas de los sindicatos, sin pedir el visto bueno judicial que requiere las leyes laborales para esos casos.

Aunque el gobierno no brinda oficialmente informes sobre la cantidad de empleados provisorios que tiene en su planta, dirigentes gremiales los cuentan por miles, especialmente en las áreas de Educación y Salud, que se suman a centenares de "contratados".

El secretario general de ATAP, Miguel Rojo, señaló que el fallo, firmado por todos los jueces de la Corte que preside Guillermo Posadas "groseramente impone los decretos provinciales del régimen escalafonario y de las licencias por encima del artículo 14 de la Constitución Nacional y de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo, que tienen raigambre constitucional".

El dirigente recordó que el Comité de Libertad Sindical había recomendado en 2008 la reincorporación de Guanca, y que el propio gobierno de Urtubey se había comprometido a hacerlo.