El máximo tribunal federal dio un plazo de 10 días hábiles a la Secretaría de Ambiente de la Nación para que informe sobre el proceso de negociación entre las provincias sobre un plan para salvar la cuenca Salí-Dulce de la actividad contaminante de las industrias tucumanas. Además solicitan detalles sobre el estado del río.

En tanto los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada por el Gobierno y por el defensor del Pueblo de Santiago del Estero. No se hizo lugar al pedido de que dos ingenios de Tucumán dejaran de producir bioetanol.

Aquejados por el problema de la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce, días a tras el Gobierno y el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero habían pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) a través de una medida cautelar, que ordene la suspensión de la producción de bioetanol en dos fábricas tucumanas, la Compañía Azucarera Concepción (ingenio Concepción) y Los Balcanes (ingenio La Florida).

Aunque, la máxima autoridad resolvió hacer caso omiso a dicho pedido, solicitó a la Secretaria de Medio Ambiente de la Nación realizar un informe detallado acerca de la realidad actual del embalse.

Autoridades de la provincia vecina calificaron de positivo el primer pronunciamiento El superior tribunal de la Nación.

“La Corte se ha expedido acerca de la situación, le ha pedido un informe a la Secretaría de Ambiente sobre el estado de las negociaciones y después de eso, la Corte empezará a actuar y resolver la cuestiones que tiene pendiente”, dijo el fiscal de Estado, Raúl Abate.

Por su lado, el defensor del Pueblo santiagueño, Martín Díaz Achával, indicó que la Corte si bien no se pronunció sobre la competencia, dejó en claro que tomará el caso: “Judicialmente esto es buenísimo, la Corte está diciendo y espero que estos imbéciles (por los industriales tucumanos) lo entiendan, vamos a tomar la causa”.

Achával advirtió que al momento de fallar, puede ser muy duro para Tucumán. El funcionario recordó que en el fallo Mendoza, por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, el máximo tribunal ordenó el cierre 200 empresas y 25 mil personas quedaron sin trabajo.

“No le temblará el pulso para tomar decisiones en la problemática del Salí-Dulce. Aquí no llegan a 3.000 todos los operarios de 10 ingenios con destilería que están denunciadas”, apuntó la autoridad santiagueña.

En base a este informe, el cual deberá ser presentado dentro de 10 días hábiles, la máxima autoridad judicial analizará el grado de avance de las acciones impulsadas para la protección del ecosistema Cuenca Salí-Dulce, haciendo hincapié en la situación de las Termas de Río Hondo, puesto que allí se estarían provocando inconvenientes por "el volcado de efluentes industriales sin tratamiento sobre los afluentes que conforman la referida cuenca por parte de los ingenios ubicados en jurisdicción de Tucumán".

Cabe destacar que la acción de amparo presentada por Santiago del Estero llegó a la Corte Suprema luego de que el Juzgado Federal santiagueño se declarar incompetente respecto al caso. El planteo perseguía tres objetivos: 1) hacer cesar la contaminación del Frontal por el volcado de efluentes en la Cuenca; 2) solicitar la recomposición del ambiente dañado y 3) obtener un seguimiento o control de las acciones positivas que las industrias demandadas deberían llevar adelante en virtud de una eventual sentencia favorable a la actora.

Según lo dispuesto en la medida cautelar, las autoridades de Santiago centran la atención en los ingenios Concepción y La Florida, pues son los que disponen de destilerías y "por ende, son los mayores productores de bioetanol, un alcohol que deriva de la caña de azúcar y que es incorporado a los combustibles fósiles en una cantidad del 5%, cuyo subproducto es la vinaza (en una proporción de 13 litros por cada uno de bioetanol), la cual contiene una gran carga orgánica que, al descomponerse, consume el oxígeno disuelto en el agua".

"Los dos ingenios arrojan la vinaza sin tratamiento alguno a los afluentes que conforman la Cuenca Salí-Dulce, recurso natural de carácter inter jurisdiccional que atraviesa las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba, produciendo una masiva mortandad de peces", continuaron.