La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó intervenir por razones de “competencia originaria” en un planteo donde la provincia de San Luis reclama la inconstitucionalidad de varios artículos de la nueva ley de comunicación audiovisual.
El Gobierno Provincial promovió la acción judicial en su calidad de titular de LV 90 TV, el Canal 13 local, que depende de la Secretaría General, Legal y Técnica de la gobernación.
En la demanda, firmada por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, se argumenta que la nueva norma “impone restricciones a la libertad de expresión de las personas físicas y jurídicas residentes en la Provincia de San Luis”.
Además, sostiene, “establece gravámenes presuntamente ilegítimos a la actividad de difusión de mensajes audiovisuales, todo ello sin competencia del Congreso Nacional en la materia”.

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