Mientras, Fiscalía de Estado local redobló su reclamo ante ese órgano y en la Justicia Federal. Este miércoles se inspeccionarán azucareras.

En un fallo emitido el pasado 20 de diciembre, en el marco de los cuatro expedientes impulsados ante ese cuerpo jurisdiccional, el máximo a nivel jurídico de la Nación, la Corte Suprema de Justicia rechazó la medida cautelar solicitada por el Gobierno y por el defensor del Pueblo de Santiago del Estero, tendiente al cierre de diez ingenios acusados de contaminar la cuenca Salí-Dulce.

De inmediato, Fiscalía de Estado instruyó a los abogados de la provincia en Buenos Aires para la presentación de una nueva medida cautelar, que se hizo efectiva el jueves pasado, según confirmó a este medio el fiscal de Estado, Raúl Abate.

“Esto recién empieza, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que por ahora la medida cautelar, como había sido solicitada en 2010, no iba a ser admitida, porque quería conocer o escuchar a las partes, a las empresas afectadas y, sobre todo, a la Secretaría de Medio Ambiente para que produzca un informe”, indicó Abate.

La primera cautelar pedía el cierre de los ingenios y, sobre la presentada anteayer, dijo el fiscal que prefería no adelantar nada. Al respecto, algunas fuentes daban cuenta que la presentación tenía su origen en la nueva mortandad de peces detectada esta semana.

Juzgado Federal

Esta no fue la única decisión tomada por la Provincia, que también redobló la estrategia judicial y presentó ayer ante los tribunales federales de la provincia otra medida cautelar.

Abate informó, además, que conversó con el fiscal federal, Pedro Simón, para buscar la forma jurídica de garantizar que “no se sigan produciendo este tipo de vuelco de productos que producen la mortandad de peces”, indicó.

Para el fiscal, “el cese de la producción de alcohol no significa el cierre de los ingenios, que también han producido azúcares”.

Abate recordó que fue admitido como querellante y lo que quieren junto al fiscal federal, titular de la acción, que acelere la causa penal con “carácter de urgente, para marcar el camino”.

En tal sentido, dijo que seguirán insistiendo en que los industriales sean citados, escuchados y que luego el juez federal decida cuál es la situación procesal, es decir si los procesa o no.

Ya transcurrió más de un año desde la presentación de la primera medida cautelar.

Repercusiones

Por su parte, el defensor del Pueblo de la Provincia, Martín Díaz Achával señaló que fueron notificados oficialmente del fallo de la Corte Suprema, que fue el 20 de diciembre, y se le otorgó a la Secretaría de Medio Ambiente, 10 días hábiles para proveer informe de los avances de las negociaciones entre Santiago y Tucumán, en los que también está incluida la Defensoría.

“Lo importante es que la Corte, que es el máximo tribunal del país, comienza a tomar cartas en el asunto”, expresó anoche Díaz Achával.