En esta ciudad, Graciela Reartes acudió ante la Fiscalía Nº1 que se encuentra a cargo de Martín Sedán, responsabilizando al mandatario provincial, Daniel Peralta, de “incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos” de la obra social provincial, al tiempo que solicitó su desafuero.

“Como jubilada me constituyo en querellante con mi planilla de sueldo en la mano ya que allí están acreditados los descuentos que religiosamente me hace el gobierno a razón de 1.100 pesos mensuales, pero la Caja no me brinda ninguna prestación médica, ni farmacéutica ni laboratorista”, expresó Reartes, quien hace pocos días acordó con Vivanco realizar la denuncia, cuando el ex fiscal de un juzgado de instrucción capitalino estuvo en Caleta Olivia.

FALTA DE CONTROL

La afiliada, que también fue una de las promotoras de varios escraches que se realizaron frente al edificio que la repartición pública posee en la calle Damevin de esta ciudad, precisó además que al Tribunal de Cuentas lo acusaba de ser un ente que no cumple con su rol de contralor de los fondos que absorbe la Caja de los trabajadores estatales activos y pasivos y por ende incurre en un delito de acción pública.

“Se trata de un organismo que tiene que estar informando y detallando al pueblo de la provincia todas las cuestiones relacionadas con el ingreso y destino de fondos que maneja el Estado”, añadió.

Reartes dijo que en localidades de la zona norte santacruceña, el problema no sólo se suscita con las farmacias sino con todo el sistema de salud, debido a los afiliados a la Caja adolecen de numerosos servicios como oftalmología y odontología -por citar algunos ejemplos- y para colmo de males, hace pocos días los cardiólogos del hospital Meprisa (que años atrás era el Hospital de YPF), cortaron las prestaciones por falta de pago.

Al ser consultada sobre la posibilidad que estas denuncias se diluyan en alguno de los vericuetos del Poder Judicial, sostuvo que ello se verá con el tiempo, pero mientras tanto “lo que hago es porque me ampara la Constitución y la Ley porque a mí nadie me dice adónde va el dinero de los afilados a la Caja de Servicios Sociales y por ello me siento una de las miles de personas damnificadas”.

Finalmente reparó en el hecho de que los afiliados son “rehenes” de ese organismo ya que desde el momento que ingresaron como empleados del Estado provincial les impusieron una obra social que hoy no funciona y además tampoco tienen la posibilidad de elegir otra.