Hacer ruidos considerados molestos, quemar objetos en la calle o ensuciar una plaza son faltas que pueden penarse hasta con 30 días de arresto o sanciones alternativas. La ley establece que un juez de contravenciones debería decidir qué pasa con el acusado en estas situaciones. Sin embargo, los casos quedan en manos de la Policía porque nunca se crearon los juzgados que tienen que resolverlos.

La Corte de Justicia de Salta mandó una iniciativa a la Legislatura para que se incorpore a cinco nuevos jueces que traten estas causas sencillas.

Hasta ahora, la Policía de Salta tiene el doble poder de investigar y juzgar qué pena les cabe a los que tuvieron comportamientos castigados en la ley de contravenciones, que incluyen gritar en la calle o “portar objetos aptos para ejercer la violencia”.

“Los nuevos jueces son una necesidad. No puede seguir siendo la Policía quien tenga a cargo la ejecución de la norma sobre faltas leves, no es su función”, señaló a El Tribuno Virginia Cornejo, diputada provincial del Partido Propuesta Salteña.

La ley de contravenciones se sancionó en 2001 y estipulaba que la Policía era la autoridad responsable de aplicarla durante los meses que tomara la creación de juzgados especiales para el tema. Más de una década después, todavía no se aprobó la norma necesaria para adaptar la estructura del Poder Judicial.

La fuerza de seguridad debería tener sólo la función de hacer una primera investigación de los hechos y dejar el resto de las decisiones en manos de la Justicia.

“Hoy la Policía puede decirnos que cometimos una contravención y también es la encargada de juzgarnos por el mismo tema”, dijo el diputado del Partido Obrero, Claudio del Plá.

Del Plá fue más allá y cuestionó la norma que sanciona las faltas leves. “Castiga tal cantidad de situaciones, que cualquiera puede ser un contraventor. También plantea la posibilidad de criminalizar protestas sociales”, definió el legislador.

Más de 60.000 delitos

Las contravenciones se penan hasta con 30 días de arresto efectivo que pueden canjearse por multas que no deben sobrepasar la mitad de los ingresos del acusado.

Hay otras sanciones alternativas como trabajos comunitarios, tratamientos médicos obligatorios, inhabilitaciones para realizar distintas actividades o prohibiciones de asistir a determinados lugares.

Desde la Justicia se considera que los jueces podrían determinar con más certeza cuál es el tratamiento adecuado para cada causa. “Estas decisiones tienen que estar a cargo de especialistas”, coincidió Virginia Cornejo.

Pero no es la única objeción. El hecho de que la Policía tenga en sus manos las contravenciones también se considera una carga innecesaria para las comisarías, que son responsables de detectar y prevenir ilícitos graves.

Sólo en un año se denuncian más de 60.200 delitos de acuerdo a los números oficiales publicados en el anuario estadístico de la Provincia.

La cifra arroja un promedio de al menos 164 hechos por día que incluyen homicidios, robos, asaltos, fraude a la administración pública o violaciones y no contempla las situaciones que nunca llegan a informarse a la Policía.

En la ley de contravenciones se sanciona con más de 20 días de arresto a quien ensucie o pinte una pared sin permiso.

Corresponden unos 20 días para los que lleven a una reunión objetos que potencialmente sirvan para agredir. Igual pena se estipula para el que arroje cosas que puedan producir lesiones. También cabe un castigo de 20 días para el que llame a una comisaría sin necesidad.