Los oficiales notificadores recorren cada una de las oficinas de los edificios del Poder Judicial, anoticiando a la totalidad de los funcionarios y magistrados, las disposiciones tomadas por la Corte. En la resolución firmada por los cinco miembros del máximo tribunal se imponen plazos concretos para que aquellos funcionarios y magistrados que estén en condiciones de jubilarse lo hagan en los próximos seis meses. Se aclara en la resolución que en caso que existan funcionarios que hayan cumplido con los requisitos para jubilarse y no lo hagan, la administración podrá pasarlos a retiro de oficio. La resolución se basa en los plazos fijados por la ley 8118, por la que se firma el convenio entre el estado provincial y la ANSES, abriendo una moratoria que permite que los magistrados y funcionarios que estén en condiciones de jubilarse, lo puedan hacer accediendo a una remuneración del 82% móvil, y pagando en cuotas los montos originados por los aportes mal realizados por los jueces.

En su momento se realizó el cálculo y determinó que serían unos 30 los magistrados que están en condiciones de jubilarse, ya que cumplen con los años que estipula la ley. En este universo se encuentran varios cortistas, quienes podrían dejar su lugar para acceder al retiro.

Lo cierto es que esta resolución, busca dar cumplimiento con la promesa contraída entre la Corte de Justicia y el ejecutivo provincial, antes de que se firme el convenio con el ANSES. Los responsables del Poder Judicial, manifestaron al primer mandatario que si lograban solucionar el problema con el ANES y la AFIP, accediendo a la jubilación con el porcentaje del 82, se retiraban. Más de un caso puede jubilarse sin la necesidad del convenio ya que tienen sentencia firme como resultado de juicios realizados a la ANSES, pero nunca pasaron a retiro haciendo uso de esa sentencia. Esta actitud generó inmensas molestias en el ejecutivo, gestor de la solución que solicitaban los jueces y que sin la ayuda del gobierno provincial nunca hubieran logrado alcanzar.

Funcionarios sí, jueces si tienen la voluntad

La resolución es clara. En el tercer párrafo de los considerandos de la misma, ver recuadro en la imagen, deja en claro que los magistrados son inamovibles de acuerdo a los establecido en el artículo 200 de la Constitución Provincial. Esta realidad no impide que los jueces puedan completar los trámites necesarios para poder acceder a la moratoria, requerimiento establecido en el artículo 10 de la ley convenio nación-provincia. De esta manera los magistrados, si tienen las ganas, la voluntad o la necesidad de jubilarse lo podrá hacer, como así también pueden quedarse el tiempo que lo estimen necesario. La legislación actual no puede avanzar sobre la inamovilidad del cargo del juez. Todo lo contrario ocurre con los funcionarios del Poder Judicial. Ellos, si pasaran a retiro de manera voluntaria o de oficio, si cumplen con los requisitos para acceder a la jubilación.

La realidad indica que los funcionarios que puedan jubilarse, se van a ir, quieran o no. Todo lo contrario para los jueces, pero existe la promesa de retirarse si se destrababa el problema del financiamiento de las deudas de aportes, y se solucionó. Hay que esperar que la palabra empeñada se cumpla, si tiene valor la palabra.