Previo a ello, la Corte Suprema Federal, entre otras medidas, había convocado en 2009 a una audiencia a las partes involucradas ordenándose en forma posterior que la Provincia realice en forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación un estudio de análisis del impacto ambiental acumulativo de la tala y desmonte.

Destacó además las medidas adoptadas durante el trámite por la Provincia, entre ellas la sanción de la Ley 7543 y los Decretos 2785/09, 2789/09 y 3676/09 que evidencian “la voluntad política del Gobierno provincial de superar el conflicto”.

Al recibir la causa, la Corte de Justicia de Salta se declaró competente porque en el curso del proceso en la Corte Suprema, que duró tres años, y aún después, el Gobernador de la Provincia, como titular del Poder Ejecutivo, había dictado instrumentos concretos sobre la materia del amparo y eso habilitaba la competencia del Alto Tribunal local con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de Salta.

Después de más de tres años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió dictamen en la causa “Salas, Dino y otros c/ Provincia de Salta” que impedía la realización de actividades productivas en cuatro departamentos del norte provincial.