Los jueces de Corte deben decidir en los próximos días si el juez sobre el que pesa la investigación de la venta de la Finca La Ciénaga debe también investigar la compra por parte del IPDUV, en 2001, de las cuatro hectáreas de la ex Boroquímica Baradero, inútiles para la construcción de viviendas por su contaminación con boro.

Aunque la Corte de Justicia ya había intervenido en el escándalo de La Ciénaga al confirmar la competencia del juez Pastrana, quien intentó pasar el caso a Pablo Arancibia, esta vez deberá tomar un decisión que podría condicionar el curso de las investigaciones.

Es que los tres fiscales que promovieron acciones penales por el escándalo de las tierras se pronunciaron a favor de que todas las causas se acumulen en un único juzgado.

Los funcionarios de la Procuración creen que las investigaciones tendrán mayor profundidad en la medida en que se tenga en cuenta la conexión de las causas, donde sobresale un grupo de común de imputados por operaciones por tierras.

Por una decisión de la Corte, Pastrana ya había quedado cargo de la promoción de acción penal por "peculado" contra Juan Carlos Romero, su hijo Juan Esteban y el grupo de escribanos que participó de las operaciones de La Ciénaga.

Y ahora el Supremo Tribunal tiene que decidir si también debe investigar la imputación por asociación ilícita que el fiscal Eduardo Barrionuevo hizo contra Romero y los mismos escribanos, en relación a la Boroquímica Baradero y la finca San Miguel.

El caso había llegado al juzgado de Jorge Sosa Vallejos, pero el magistrado se lo giró a Pastrana atendiendo al pedido de acumulación de causas hecho por el propio Barrionuevo. El conflicto de competencia por la negativa de Pastrana obligó la intervención de la Corte.

Hasta tanto los jueces de Corte se pronuncien, Sosa Vallejos debería adelantar en las actuaciones.

También la fiscal Emma Puente había pedido que el expediente se gire al juzgado de Pastrana por acumulación de causas, cuando promovió acción penal contra Romero y un grupo de sus funcionarios, por "fraude contra la administración pública" por las compras de inmuebles a la firma Mercado SRL.

Pero el juez Martín Pérez decidió quedarse con el caso, argumentando que de esa forma la investigación podía avanzar más rápidamente y que las causas podían acumularse en el eventual caso en que se dicten procesamientos.

De esta manera, hasta el momento los expedientes por tierras ya pasaron por cuatro juzgados

Los conflictos por competencias hicieron que las causas se muevan lentamente. Hasta el momento, la de finca La Ciénaga avanzó por la "presentación espontánea" de Manuel Brizuela y Rubén Fortuny, y la presentación de un escrito de Juan Carlos Romero.