Luego de más de cinco años que se originara el conflicto que puso en jaque las relaciones entre la Argentina y Uruguay, el organismo jurídico internacional emitirá la esperada sentencia
El veredicto genera grandes expectativas no sólo en ambos gobiernos, que en los últimos meses buscaron encapsular el problema para relanzar el vínculo bilateral, sino también en la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, que desde el 20 de noviembre de 2006 mantiene bloqueado el principal paso fronterizo entre los dos países.
La máxima aspiración de la Casa Rosada es que los jueces del tribunal de la ONU dispongan el desmantelamiento y relocalización de la pastera instalada sobre la margen del río Uruguay, que se encuentra en funcionamiento desde hace dos años.
Fuentes de la Cancillería que encabeza Jorge Taiana deslizaron este sábado que el Gobierno aguarda "con mucha confianza" el fallo del próximo martes. El equipo diplomático que conduce el caso espera que La Haya avale la demanda argentina, presentada en mayo de 2006, que gira en torno a dos cuestiones: la presunta violación por parte de Uruguay del tratado que desde 1975 regula las actividades en el curso de agua compartido y la contaminación propiamente dicha.
De acuerdo al Gobierno de Cristina Kirchner, esa violación del estatuto se produjo cuando el vecino país aprobó, sin el consentimiento de la Argentina, la instalación en el río de las pasteras Botnia y Ence, esta última relocalizada antes del inicio de la construcción.
Respecto a la contaminación, el equipo argentino, encabezado por la consejera legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, incluyó en su cuerpo argumental los resultados del Plan de Vigilancia Ambiental sobre el área de influencia de UPM para demostrar que el funcionamiento de la planta de celulosa ya provoca un "perjuicio sensible" en el ecosistema.
Si bien no hay en la Corte antecedentes aplicables a este caso, los expertos del equipo argentino admiten que el fallo podría aplicar salidas "intermedias" y, en todo caso, obligar a UPM a la adopción de medidas correctivas, que podrían incluir la previsión de "un cambio de tecnología" en su fábrica.
"La Argentina espera que la Corte considere y sancione claramente como interpretación del Estatuto del Río Uruguay que ninguno de los emprendimientos uruguayos debió ser aprobado sin haber previamente puesto en marcha el mecanismo de información y consulta previsto en propio Estatuto", señalaron fuentes de Cancillería.
Sea cual fuere el resultado, la presidenta Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, se comprometieron a respetarlo y se preparan para afrontarlo de manera conjunta: ya pautaron una nueva reunión para el mismo día del pronunciamiento de la Corte a fin de sentar postura y coordinar medidas.
El canciller Jorge Taiana y su par uruguayo, Luis Almagro, serán, en tanto, los encargados de "administrar" la decisión de los jueces, y la instancia para que se instrumente la resolución será la Comisión Administradora del Río Uruguay.
El dictamen del tribunal no tendrá recomendaciones sobre el corte que mantienen los asambleístas de Gualeguaychú sobre la ruta 136, al pie del puente binacional General San Martín, aunque el devenir de esa medida de protesta es el tema que más preocupa a ambos gobiernos. Los vecinos de Gualeguaychú, impulsores de la demanda del Estado argentino, esperarán el martes por la mañana el veredicto en el lugar del corte, el paraje de Arroyo Verde, donde instalarán una pantalla gigante.
Más allá de la reacción inmediata, los asambleístas se darán un tiempo para desmenuzar el veredicto con sus abogados antes de decidir qué hacer con el corte de la ruta 136, que la Casa Rosada evitó desalojar mientras duró el conflicto a nivel diplomático.
Para un caso u otro, los asambleístas tomarán una decisión en gran asamblea pública en el centro de Gualeguaychú a la que serán convocados todos los vecinos de la ciudad y se realizará días después de la sexta marcha al Puente Internacional San Martín, prevista para el próximo domingo 25 de abril.
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