Un conjuez laboral de San Rafael se resistía a dejar el cargo y desafió en una batalla judicial al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Alejandro Pérez Hualde, luego de conocer que debía dejar su puesto. Fue el máximo tribunal quien puso fin a la situación revocando una orden de no innovar que favorecía al apuntado, el abogado Dardo Fernández.

Hasta acá, el relato de una decisión interna de la Justicia. Pero el caso también tiene una fuerte connotación política: el magistrado sanrafaelino removido tiene una estrecha relación con el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y fue funcionario provincial hasta que asumió interinamente como juez de la Segunda Cámara Laboral.

La decisión de la Suprema Corte hizo enfurecer a las máximas figuras del cuarto piso de la Casa de Gobierno. Y fue Cazabán quien salió a marcar la cancha otra vez: "La Corte ha violado todos los procedimientos al intentar echarlo como lo hizo". El funcionario, aunque en ningún momento usó la palabra "amigo", admitió conocer a Fernández: "Es de San Rafael como yo y allá nos conocemos todos" (ver aparte).

El secretario general es quien hace una semana resucitó el latente conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial al denunciar que Pérez Hualde designó precisamente conjueces en forma irregular.

Esto generó a su vez que interviniera el otro poder del Estado, el Legislativo: cinco senadores (un radical, un demócrata y tres peronistas) presentaron un pedido de informes el viernes para que la Suprema Corte explique los nombramientos de los últimos tiempos (ver aparte).

Dardo Fernández fue nombrado conjuez en la Segunda Cámara del Trabajo sureña el 30 de setiembre de 2009 y se presentó como candidato a ocupar una de las dos vacantes de esa Cámara. Pero el Senado provincial rechazó su postulación por amplia mayoría el 29 de junio pasado. Basándose en esa decisión de la Cámara alta, la Sala Administrativa de la Corte, en uso de sus facultades de Superintendencia, ordenó el cese en sus funciones del conjuez.

Fernández, entonces, impulsó una medida cautelar en un juzgado civil de San Rafael con el fin de ordenar la suspensión de los efectos de la Acordada N° 22.804 dictada por la Corte que establecía el cese de sus actividades a partir del 1 de agosto.

Ante esta situación, Pérez Hualde decidió que era el tribunal que preside y no una Cámara de Apelaciones quien debía resolver la situación. Para ello, alegó que había un conflicto de poderes al entender que el dictamen del juez civil se tomaba atribuciones que invaden la competencia del Poder Legislativo.

En pocas palabras, desde la Corte interpretaron que no se podía sostener a un juez interino en el cargo a sabiendas de que el máximo órgano constitucional encargado de la designación de los jueces, el Senado, lo había bochado. Por mayoría (sólo hubo un voto en contra) se revirtió el falló y se dejó sin efecto la medida de no innovar solicitada por Fernández.

"Los principios indican que el Sr. Juez del Primer Juzgado en lo Civil de la ciudad de San Rafael ha avanzado, con la medida cautelar ordenada, sobre atribuciones que, como regla, pertenecen al Senado Provincial" se lee en el expediente 99.977 publicado en la página web del Poder Judicial de Mendoza.

Según la lectura que hacen en los pasillos tribunalicios, esta actitud de la Suprema Corte es uno de los motivos que desencadenó el enfado de Cazabán hace una semana, al ver que removían a un allegado a él, y se tradujo en las fuertes críticas que partieron desde el Ejecutivo hacia Pérez Hualde.

Fue el sábado 31 de julio cuando Mario Adaro, ministro de Gobierno, y el propio secretario general de la Gobernación pusieron en tela de juicio la legalidad de los nombramientos de dos conjueces y un fiscal en el sur provincial, y de una conjueza en el penal de Almafuerte. Un día antes, Adaro le había enviado una nota a Pérez Hualde cuestionando esas decisiones.

En el Gobierno le quitan entidad a esa "visión conspirativa" judicial y aseguran que la investigación que terminó con la nota y la denuncia pública de hace una semana empezó cuando, durante el acto por el 9 de Julio en Malargüe, una mujer se acercó al gobernador, Celso Jaque, y se presentó como la nueva jueza de Familia del departamento, María Páramo.

Allí, cuentan, la primera reacción fue la sorpresa porque nadie sabía de tal nombramiento (justo en el territorio del mandatario) y al averiguar los antecedentes descubrieron que no se había postulado al cargo y que, hasta su designación, había sido subdirectora de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Un "no" abrumador

En la Legislatura, donde se jugó el futuro de Fernández, aseguran que tiene una relación estrecha con Cazabán, también abogado. Además, el conjuez, un hombre oriundo de Buenos Aires, se desempeñó como director del penal de San Rafael hasta el 30 de setiembre pasado, cuando pasó a desempeñarse como camarista laboral.

Las mismas fuentes legislativas aseguran que ese vínculo estrecho entre ambos abogados habría sido un factor decisivo entre los senadores a la hora de colocar mayoritariamente bolillas negras (tuvo 26 sobre 38 legisladores) en la sesión de acuerdo. Pero el otro agravante, al menos para el Ejecutivo y en especial para Cazabán, es que una parte importante de los legisladores que bocharon al candidato del cuarto piso son justicialistas.

Algunos legisladores admiten que hubo una "abierta y manifiesta militancia de senadores propios (del PJ) para bajar el pliego" de Fernández. "El que maneja todo los acuerdos es Cazabán. Nos resistimos a tratar los pliegos sin una conversación previa, sin una consulta", confesó un peronista.