La Corte Suprema resolvió un aumento salarial escalonado para todos los empleados del Poder Judicial, con un 5% retroactivo al 1º de noviembre y otro 5% a partir del 1° de enero del 2013. Esto podría ser un foco más de conflicto en el marco de la crítica situación financiera de la provincia.
La Corte Suprema dispuso un aumento salarial escalonado, la primera cuota de 5% retroactiva y bonificable al 1º de noviembre, mientras que el segundo tramo de 5% se percibirá a partir del 1º de enero de 2013.
Los siete ministros del tribunal solicitaron a la Jefatura de Gabinete “la modificación de las partidas presupuestarias para afrontar el correspondiente incremento”, informó Infobae. Mientras que la Corte aclaró además que “cuenta con los recursos financieros suficientes para atender la mayor erogación, no requiriendo aportes del Tesoro Nacional” para cumplir con los aumentos.
Panorama local
Esta situación, llevada al plano local, podría traer más inconvenientes al Gobierno Provincial, debido a la crítica situación financiera por la que atraviesa la provincia. Los gremios estatales están comenzando una lucha que prometen “incrementar” de cara al 2013 en cuanto a aumentos salariales. Si bien los gremios que integran la Mesa de Unidad Sindical están debatiendo los porcentajes de aumento que solicitarán al Gobierno, ronda el 45 %, siempre el caso de los trabajadores judiciales es bastante distinto teniendo en cuenta la “abismal” diferencia salarial con el resto de los trabajadores.
Cabe acotar que sigue vigente en Santa Cruz una norma conocida como “Ley de Enganche” para este sector, por lo que todo incremento que determine la Corte debe ser sumado al sueldo de los trabajadores y no podría ser negado. Esto incluso marcó gran parte de la discusión del sector durante el año 2012, por aumentos que se habían logrado en el 2011 y que en el caso de los judiciales provinciales demoró bastante tiempo que los mismos se aplicaran. Esta “Ley de Enganche”, hay que recordar, era uno de los puntos planteados dar de baja por el gobernador Peralta, contemplados dentro de la Ley de Emergencia Económica que el primer mandatario envió a fines de 2011 a la Legislatura, pero que nunca fue tratado.
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