En octubre del año último, el máximo tribunal, presidido por Ricardo Lorenzetti, ordenó a Peralta que repusiera al ex procurador general provincial Eduardo Sosa en el cargo de fiscal general, una función similar a la que ejercía cuando fue dejado cesante en 1995. En esa oportunidad, la Corte apercibió a Peralta que lo denunciaría ante la justicia penal si no lo cumplía. Peralta no cumplió.

La causa Sosa es un caso testigo que involucra a Néstor Kirchner y que pone de relieve la visión que el kirchnerismo tiene respecto de los controles que pretende ejercer el Poder Judicial.

En la Corte, hay varios asuntos que ponen en juego esa independencia y que se irán definiendo con el correr de las semanas. Uno de ellos, quizás el más delicado, es el debate sobre el artículo 161 de la ley de medios audiovisuales, que obliga a los grupos empresariales a vender sus licencias en el plazo de un año.

La semana última fue el Gobierno el que, al reglamentar la ley y poner en vigor ese plazo, mostró su interés en apurar una definición. Sin embargo, es probable que el fallo se postergue por varios días, porque la Corte no quiere seguir la agenda del Poder Ejecutivo ni la de los medios.

También se conversará sobre la extradición del terrorista chileno Galvarino Apablaza Guerra, un hombre requerido por el gobierno trasandino y cuya situación final no depende de la Corte -como pretende el Gobierno- sino, en rigor, de que el Poder Ejecutivo defina si tiene el estatus de refugiado.

Pero, al margen del impacto de esos asuntos, el caso Sosa se convirtió en un termómetro de la capacidad de maniobra de la Justicia frente a los Kirchner. Alguna vez Kirchner les dijo a los jueces provinciales que la reincorporación de Sosa es un límite que no se puede avasallar.

Hoy, el reclamo de independencia judicial y de transparencia traspasa lo judicial. La peregrina idea de que una eventual candidatura presidencial de Carlos Reutemann -si bien él aseguró que no será candidato- vaya acompañada de la propuesta de Elisa Carrió como procuradora general parece nutrirse de ese reclamo.

Esa misma pretensión de ponerle límites será, también, la idea que rondará mañana en la elección que harán 750 jueces federales de todo el país para designar a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que usan los Kirchner para controlar a los jueces.

El caso Sosa

En 1995, por iniciativa de Kirchner, por entonces gobernador santacruceño, la Legislatura suprimió el cargo de procurador general, que desempeñaba Sosa, y creó los de fiscal general y defensor general. Así, Sosa fue dejado cesante sin juicio político.

Desde entonces, la Corte dictó seis fallos en favor de Sosa y los jueces inferiores, otros más. Apenas ocurrido el hecho, la Corte de los noventa dictó una medida cautelar; y luego vinieron otros fallos, entre ellos, dos de 1998 y de 2001. En la provincia, se resistieron con diversos argumentos y llegaron a ofrecerle a Sosa una indemnización de 1,4 millón de pesos, que Sosa rechazó en una audiencia en la Corte, en 2005.

Por eso, en octubre último, la Corte nacional dictó el sexto fallo sobre Sosa y ordenó a Peralta asignarle al ex procurador general el cargo de fiscal general, el más similar en funciones al que aquél desempeñaba cuando fue dejado cesante.