La resolución de la Corte es muy breve y está fechada el 27 de diciembre. Allí los jueces Enrique Petracchi, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Raúl Zaffaroni y Juan Carlos Maqueda dijeron en una línea que el recurso de queja presentado por la defensora oficial María Eugenia Di Laudo era inadmisible. Para ello recurrieron al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que expresa que el máximo tribunal del país podrá, "según su sana discreción, y con sola invocación de esta norma", rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.

Baraldini, que estuvo muchos años prófugo de la justicia y fue capturado en Bolivia a fines de 2011, fue procesado por el juez federal de Santa Rosa, Pedro Vicente Zabala, como caoutor de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, y autor mediato de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencias o amenazas y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.

Esa resolución, con mínimas modificaciones, fue confirmado por la Cámara Federal de Bahía Blanca. Lo que hizo el tribunal bahiense bajar el número de víctimas de 223 a 196, al dictarle la falta de mérito en 29 hechos. El imputado también fue jefe de Inteligencia del Ejército en La Pampa.

Cuando Zabala lo indagó, el ex coronel habló de su desempeño al frente de la Policía, pero no respondió preguntas, más allá de un par de aclaraciones. Cuando en la Nochebuena de 2011 fue apresado en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra (se había fugado en 2003 cuando se reabrió la investigación judicial), portaba un documento falso a nombre de Marco Antonio Aonte y se identificó ante los efectivos policiales como productor rural.

Baraldini permanece detenido en la U-4 junto a otros represores que fueron condenados en la causa original de la Subzona 14 y procesados en la causa II. El había pedido el arresto domiciliario porque tiene la edad para recibir ese beneficio.

Recientemente la propia Corte ordenó que otros dos represores, los ex policías Omar Aguilera y Roberto Fiorucci, que gozaban del beneficio del arresto domiciliario, debían volver a una cárcel común a cumplir sus condenados. Ambos fueron condenados a 20 años por delitos de lesa humanidad.