Una vez más, y en horas donde los ministros de la Corte resuelven quién será el nuevo presidente del Cuerpo, los integrantes del máximo órgano judicial en Santa Fe volvieron a frenar el normal avance del nuevo sistema de enjuiciamiento penal que fue votado por la Legislatura santafesina hace dos años de manera unánime.

El Procurador de la Corte y los integrantes de la Corte, acompañaron con su rúbrica una Acordada en donde se vulnera la autonomía de dos estructuras claves para modernizar a la justicia penal en Santa Fe.

En rigor, los jueces se reunieron el pasado 22 de noviembre y refrendaron el acta 74, que evaluó varios temas pendientes, entre ellos, los requerimientos del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa.

El Fiscal General Julio de Olazábal remitió a la Corte -en octubre- una resolución en la cual proponía al Poder Ejecutivo la designación de del contador público Carlos Ramón Riboldi para el cargo de Administrador General del Ministerio Público de la Acusación, “a fin de satisfacer la previsión contenida en el artículo 16, inciso 6, de la ley 13.013, respecto de que las propuestas de designación de dicho Ministerio deben realizarse por el Poder Ejecutivo por intermedio de la Corte Suprema de Justicia”.

Para de Olazábal era importante la intervención de la Corte para comenzar con el trabajo en el Ministerio de Público de la Acusación. El nuevo jefe de los fiscales también seleccionó al abogado Marcelo Ignacio Hidalgo para ocupar el cargo de Director de la Escuela de Capacitación del Ministerio Público de la Acusación.

Según informó Notife.com, la Corte le pidió opinión al Procurador de la Corte Agustín Bassó que sugirió ordenar la remisión de todos los antecedentes de los postulantes para que sea la Corte la que “ejercite la atribución constitucional contenida en el artículo 92, inciso 5, de la Constitución Provincial”.

En la votación sobre este punto, los ministros Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi fueron los más moderados: pidieron la remisión de todos los antecedentes de los postulados a la Corte para la posterior postulación.

El Presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, junto Eduardo Spuller se remitieron a lo votado anteriormente, en consonancia con Bassó, es decir, negando la autonomía de las dos estructuras creadas legalmente para el nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Por su parte, Roberto Falistocco y Mario Netri también exigieron todos los antecedentes de los postulantes.

También siguió los pasos de Julio de Olazábal el Defensor Provincial Gabriel Ganón, que elevó al máximo organismo judicial la propuesta de María Alejandra Benavidez para el cargo de Administradora General del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, “con fin de satisfacer la previsión contenida en el artículo 21, inciso 8, de la ley 13.014”, que creó la estructura a través de una ley de la Legislatura.

Como al Fiscal General Julio de Olazábal, los ministros de la Corte pidieron los antecedentes de la candidata para luego proponer el cargo al Poder Ejecutivo. Gutiérrez y Spuller opinaron que había que remitirse a acordadas anteriores, donde se cuestionaba la constitucionalidad del nuevo sistema penal.