Interpretó que el Código Penal argentino prevé que el aborto no es punible en tres ocasiones: cuando se realiza para evitar poner peligro la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo proviene de una violación y cuando proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

Lunes 30 de Abril de 2012

“Resulta evidente que con la decisión de la Corte, con un Protocolo y una Guía nacional accesible para todos, resulta suficiente para comenzar a respetar los derechos de las mujeres”, afirmó Guinle.

El senador nacional Marcelo Guinle le reclamó al ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, que “implemente formalmente y tome las medidas necesarias para hacer operativa” la aplicación de la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles y el Protocolo para la Atención Integral de Personas Víctimas de Violaciones dictados en el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, “garantizando que las mujeres víctimas de violación tengan derecho al aborto en todos los hospitales del país”.

El reclamo del senador chubutense, realizado a través de un nuevo proyecto presentado en el Congreso Nacional, busca que la cartera de Salud nacional brinde el marco normativo necesario para garantizar la puesta en práctica del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “El 13 de marzo, nuestro Máximo Tribunal puso final una interpretación restrictiva y anacrónica del artículo 86 del Código Penal al ratificar el aborto no punible en cualquier caso de violación, mediante la presentación de una declaración jurada y sin necesidad de judicialización de la causa”, recordó Guinle.

La Corte falló sobre el caso de una adolescente de 15 años que quedó embarazada tras ser abusada por su padrastro, un oficial mayor de la Policía de Chubut. En una resolución unánime, interpretó que el Código Penal argentino prevé que el aborto no es punible en tres ocasiones: cuando se realiza para evitar poner peligro la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo proviene de una violación y cuando proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

En el fallo se hace especial hincapié a que la realización de la interrupción del embarazo “no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial”, reafirmó el senador.

“A mi entender, resulta evidente que con la decisión de la Corte, con un Protocolo y una Guía nacional accesible para todos, resulta suficiente para comenzar a respetar los derechos de las mujeres. Hoy el profesional médico puede interrumpir una gestación en el caso de que la mujer haya sido violada o cuya continuación signifique peligro para la vida o la salud de la mujer. No caben dudas que están amparados por la ley”, señaló.

“Con respecto al miedo que muchos médicos dicen tener a que alguna mujer embarazada pueda presentarse y pedir un aborto, mintiendo acerca de la violación, ya el fallo de la Corte advirtió sobre la posibilidad de configuración de casos fabricados”, explicó Guinle. El Superior Tribunal de la Nación, ya resolvió que eso “no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren sus legítimos derechos o que se constituyan en riesgos para su salud”.

AVANCES Y RETROCESOS

Desde 2010, Chubut es la única provincia que posee una ley de atención de los abortos permitidos por el Código Penal y no exige denuncia policial o judicial en casos de violación. A partir del fallo de 2012, provincias como Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan han mostrado avances en la aplicación del fallo. Autoridades de Mendoza y Salta, en tanto, señalaron sus reparos para la aplicación plena del mismo.“A partir del fallo de la Corte Suprema, es hora de que los gobiernos nacional y provinciales garanticen que las mujeres violadas tengan derecho al aborto en los todos los hospitales del país”, reclamó Guinle.

“En este sentido, entiendo prioritario que el Ministerio de Salud, teniendo la Guía para la atención de estos casos, garantice su puesta en práctica en todo el país y formalice su existencia a través de una Resolución Ministerial”, puntualizó.