En medio del conflicto docente, con una perspectiva de paro por 48 horas antes de Semana Santa, y otras 72 horas como continuación la otra semana, Marcelo Guagliardo enfatiza que el problema con el gobierno de Jorge Sapag no es la falta de contacto con los funcionarios del área, sino la ausencia de definiciones. El sindicalista sostiene que es muy riesgoso hacer depender todo de la suerte de una negociación con el gobierno nacional.

Lo que sigue es parte de una larga charla que mantuvo el dirigente con periodistas de este diario en el programa Sin Pelos:

¿Están de acuerdo con el cálculo que se hace de inflación?

Nosotros calculamos que hay una pérdida entre el 2009 y lo que se acumulará en 2010 de 35 por ciento. Incluso a riesgo de quedarnos cortos, porque las previsiones de este año superarían el 22, 23 por ciento. Pero bueno, en términos de plantear una discusión que pueda prosperar, entendemos que ese puede ser un porcentaje indicado. Es un problema de todo el país, todos están discutiendo, en el sector privado y el público. Esto es lo que intentamos que se pueda destrabar.

El gobierno habla de la masa salarial, y de un componente importante (30 por ciento) de licencias y suplencias ¿cuál es la posición del gremio?

En principio el impacto de la masa salarial en el presupuesto educativo es alto. Esto pasa en todos lados, porque hay un componente principal que es el recurso humano. El gobernador dice "toda la plata se nos va en salarios", y esto es así pero no debe sorprender.

Con el tema de licencias y suplencias, sigue siendo una incógnita. Planteamos ya en noviembre del año pasado, que queríamos ver la documentación. Porque si es cierto que se llega al 30 por ciento, evidentemente algo no está funcionando. El índice de suplencias histórico es entre el 7 y 9 por ciento. Hasta el día de hoy no hemos podido acceder a esa documentación.

Hay muchas licencias que son sin goce de haberes. Por ejemplo, los cargos interinos, que se cubren con el docente mejor calificado, que queda a su vez con licencia sin goce de haberes. Esto pasa en un alto porcentaje en todos los cargos de supervisión, que son todos compañeros que están interinos.

Hay otra situación, reconocida por el mismo (Ernesto) Seguel, que se otorgaron más de 600 adscripciones…

¿Qué son las adscripciones?

Son docentes que desempeñan una tarea distinta a la que tienen, que su tarea la desarrollan en otro lugar. En un equipo técnico, como asesor…hay 600, de las cuales 500 están fuera del sistema, en Legislatura, en el Deliberante…y cobran del Consejo Provincial de Educación.

¿Y las licencias, las médicas concretamente?

El departamento de Salud Ocupacional es el que hace los controles de todas las certificaciones médicas. El sector más regularizado con titularizaciones es el del nivel primario. Si hablamos de las licencias médicas, vemos que ese departamento se ha achicado en los últimos años. Eran cinco profesionales para atender a más de 23.000 personas. Ahora parece que hay 12 profesionales. Pero para dar un ejemplo: hay licencia de largo tratamiento, y el docente solo puede volver a dar clases si hay certificación de junta médica. Si no hay junta médica, no puede volver a trabajar. Y nos ha pasado de que no se dieran turnos, y una licencia de dos meses terminó convirtiéndose en siete meses.

Es decir que es un tema que se puede corregir de manera relativamente fácil…

Absolutamente. Nosotros habíamos planteado que se pueda agilizar, por ejemplo, el trámite de quienes tienen que viajar a la capital, porque se atiende solamente en la capital.

También está la cuestión de las condiciones de trabajo. El recurso humano nuestro pasa por un desgaste psíquico y físico muy notorio.

¿Cómo se discutió el hecho de no cortar rutas, en las asambleas docentes?

Tenemos un reclamo que es salarial, que le interesa al resto de la comunidad, se ha reconstruido una relación con la comunidad, en muchos lugares, y el corte de ruta es una medida que debilitaría el consenso, siempre limitado, que tiene una protesta en el ámbito de la educación.

Les interesa mucho el tema de tener una buena relación con la comunidad ¿Es fruto de un aprendizaje, de una experiencia sacada de conflictos anteriores?

En realidad, nuestros planteos siempre han tenido que ver con lograr un consenso, que las medidas sean comprendidas. Viene de continuar con eso. Las situaciones son distintas. Entre el 2006 y 2007 teníamos más de 3.000 compañeros precarizados, el presentismo, 60 directores sumariados por la resolución 163, una permanente respuesta represiva al reclamo…ante esa situación la definición fue la de cortar rutas, en esa coyuntura extrema, muy a pesar nuestro. El proceso iniciado después del 2007 genera un enorme análisis, razonar algunas cuestiones sobre las proporciones de lo que está en juego, seguir instalando que no puede haber protesta que sea merecedora del crimen, como fue lo del compañero Fuentealba, también es un debate en el que nos mantenemos muy firmes. Es necesario que el conflicto sea comprendido, y que de llegar a tomar medidas extremas, tengan también consenso, y que no signifique un retroceso.

Hay debate interno, distintas líneas en el sindicato…

Sí, y la riqueza de esa discusión es que podemos construir colectivamente una decisión que después todos acompañan, y esto es lo que rescatamos.

Cuando el gobierno dice que plantea ante Nación obtener recursos para dar un incremento salarial, ¿ustedes qué expectativas tienen?

La verdad es que la expectativa está centrada en que el gobierno de la provincia agote las instancias de negociación, y genere una discusión con nosotros. Si se la hace depender del resultado de una negociación a nivel nacional, es muy riesgoso. El gobernador está haciendo depender mucho la resolución del conflicto de la suerte que pueda correr sus negociaciones con el gobierno nacional.

¿Se sienten usados, en este sentido?

En algún punto, no deja de ser parte del análisis, de un tironeo en el que la decisión está en otro lado. Es más, está claro que se están definiendo cosas, como el impuesto al cheque, que dependerá de cómo se posicione el representante de Neuquén en el Senado para ver después qué sucede. Esto en términos de estrategia política se puede considerar válido, pero el conflicto está, empezó hace mucho, y tiene que tener alguna vía de solución. En Santa Fe, por ejemplo, se resolvió. En Río Negro se dio un aumento, aunque ahora no lo pueden pagar. Pero haber dado la discusión ya da otra característica. Si Sapag mantiene su posición, el conflicto no se resolverá, se agudizará, y no le hará bien a nadie.

¿Siempre se remite al tema del reparto nacional?

Desde los 80 quedó un ministerio de Educación nacional sin escuelas. El Estado concentra decisión política, pero no se hace cargo de lo que cuesta sostener la educación, la salud.

La ley de financiamiento educativo, que termina este año, obligó al Estado nacional a empezar a hacerse cargo de parte de esa responsabilidad. Me parece que hay que seguir en esa línea, el Estado nacional debe ser el garante de los presupuestos educativos en cada provincia.

¿Hubo contactos informales con el gobierno, aunque no se integre la mesa de negociación?

Para que se entienda: el problema no es que no nos atienden sino que no se decide. Hasta acá vemos una voluntad de discutir, pero no tienen habilitación, los funcionarios, para avanzar en la resolución del conflicto. Está atado esto a otros niveles.

Esperamos tener avances la semana que viene. Creemos que hay condiciones para atravesar un ámbito de negociación. Nuestra voluntad de negociar la hemos expresado. Esperamos que la convocatoria exista, y se empezarán a abrir caminos de resolución.