Frente al caso de las supuestas coimas pagadas por exportadores a Venezuela, nadie en el Gobierno parece estar pensando en responsabilizar al ministro de Planificación Federal. Tampoco a su asistente José María Olazagasti, por haber marginado al menos a dos empresas argentinas de una negociación comercial con aquel país y seguir sembrando sospechas. Para el matrimonio presidencial son todas pequeñeces a partir de las cuales el periodismo construyó una "operación mediática". Tan insignificantes como la habitual contratación de costosísimos jets privados con fondos públicos para que algunos funcionarios viajen a Caracas, un privilegio como el que días atrás le costó el puesto al ministro de Cooperación francés, que había alquilado un avión por 116.500 euros para realizar un viaje oficial a la isla Martinica.

No son pocos, en cambio, los que en el Gobierno, empezando por De Vido, apuntan a Eduardo Sigal, el subsecretario de la Cancillería que, tal vez sin quererlo, le asestó un duro golpe a la administración K al comunicar a sus superiores la denuncia de las empresas que se sintieron marginadas mediante un cable reservado que tomó estado público. Sigal se convirtió, de acuerdo con la lógica K, en el perfecto candidato a ser despedido por chambón. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla: Sigal no ha manifestado su intención de dejar el Gobierno y en la Casa Rosada saben que él conoce muchos vericuetos sospechosos de la llamada "diplomacia paralela". Hoy nadie piensa que Sigal pueda convertirse en un Pontaquarto, en referencia al funcionario parlamentario arrepentido que alimentó el escándalo de las coimas en el Senado, en tiempos de Fernando de la Rúa.

El canciller Héctor Timerman no ayudó a desalentar las sospechas. Al sugerir, ante lo hecho por Sigal, que esas cosas se hablan y no se escriben en un cable, parece estar proponiendo que los trapitos sucios deben lavarse en casa. ¿Y la transparencia? Bien, gracias.