Sobre un total 12.810 causas ingresadas a la Justicia Penal provincial en 2011, sólo 12 casos correspondieron al delito de incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de los casos que se conocen como corrupción y que se cometen contra el Estado, incluidos en la categoría de los delitos contra la Administración Pública.

De la docena de causas iniciadas, siete corresponden a la Primera Circunscripción Judicial, donde funcionan cinco equipos fiscales. Esta jurisdicción corresponde a la capital provincial, que concentra a la mayoría de los entes y organismos públicos.

La cifra está incluida en un número mayor: los 1.105 expedientes abiertos por delitos Contra la Administración Pública. Pero esta categoría incluye, para 2011, 252 casos por resistencia a la autoridad; 275 casos por desobediencia a una orden judicial y 427 casos por encubrimiento. Sin categorizar, según las estadísticas difundidas por el departamento de Planificación y Estadística del Poder Judicial, en este rubro se incluyen otros 66 casos.

Así, la cifra en grueso oculta la baja incidencia de las investigaciones por corrupción en la provincia. Las otras categorías, si bien la estadística no puntualiza en casos particulares, se refieren a intervenciones judiciales sobre delitos que poco tienen que ver con el sistema político. Por ejemplo, los casos de resistencia a la autoridad (252) se refieren, en gran medida, a incidentes relacionados con los juzgados de faltas locales. El caso testigo es el de las infracciones a la Ley de Tránsito que derivan en la intervención policial. Otro ejemplo son las desobediencias de una orden judicial, que en muchos casos responden a la faz penal de las causas de familia. Las exclusiones del hogar figuran en este rubro.

Antecedentes

Durante la discusión por la reforma del Código Procesal Penal, la comisión interpoderes que se encargó de darle forma al nuevo sistema incluyó en el texto original la posibilidad de que los casos de corrupción se pudieran definir a través del sistema de juicio por jurados. Esa posibilidad se descartó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero las opiniones en ese momento -septiembre de 2011-, a favor y en contra, dieron cuenta de los pocos casos que llegan por denuncias a la Justicia o que ésta inicia de oficio.

En la vereda de los que se opusieron estuvo el entonces diputado radical Marcelo Inaudi. Comentó que hacía "mucho tiempo" que un funcionario no se sentaba "en el banquillo de los acusados” y que la solución a ese problema no pasaba por incluir estos delitos para que ser tratados por un jurado.

En sentido contrario, la hoy intendenta de Zapala y en ese momento legisladora del Frente Grande, Soledad Martínez, planteó que la baja cantidad de juicios no era la razón para explicar por qué no se incluyía a los delitos contra la administración pública para su deliberación por jurado. “A los ojos de la sociedad esto va a ser visto como una actitud corporativa de los políticos”, consideró días previos a la votación.