En varias leyes, ya enviadas a la Legislatura, el Poder Ejecutivo pide autorización para obtener financiamiento por más de la mitad de la deuda que ya tiene la provincia. Apenas asumió su segundo mandato, el gobernador Ricardo Colombi aseguró que mantendría una política de desendeudamiento; igual a lo que hizo en el primer mandato 2001-2005. Alertó que recibió la Provincia en condiciones económicas muy críticas: "Con déficit, deuda flotante y una caja en cero". Pero negó que vaya a hacer uso de las alternativas que le ofrece las modificaciones hechas el año pasado a la Ley de Responsabilidad Fiscal, como tomar créditos, para cubrir los rojos financieros que habría heredado.

La nueva administración logró que la Legislatura le apruebe una Ley de Corrección Fiscal, y se propuso negociar con la Nación la "refinanciación integral" de la deuda provincial. Es más, durante la última reunión que tuvo con la presidente Cristina Fernández, Ricardo Colombi le pidió a la Mandataria que el Gobierno Central le extienda los plazos de vencimiento de sus pasivos (del 2017 hasta el 2035), y que le condone parte de su deuda.

A pesar de demostrar acciones tendientes a descomprimir la actual situación caja del Estado, el Ejecutivo podría aumentar 50,87% el pasivo de la Provincia, a través de diferentes alternativas que le pidió a la Cámara de senadores y diputados que le autorice.

La primera iniciativa ya fue aprobada por la Legislatura. Es el crédito por 40 millones de dólares ($155,6 millones - con el dólar a $3,89) a través del Fondo Vial Federal, para realizar obras camineras.

Los senadores y diputados todavía siguen analizando el otro pedido, para tomar un préstamo por 150 millones de dólares ($583,5 millones - con el dólar a $3,89) a través del PROSAP; para invertirlos en obras destinadas a la producción.

Son créditos cedidos por organismos multilaterales de créditos (BM, BID y BIRF), administrados por el Gobierno nacional; que la Provincia deberá devolver en cinco años, con cuatro años de gracia. Con la salvedad de que estos dólares se destinarían a obras específicas (no se usarán para gastos corrientes); no dejan de ser endeudamientos a futuro, para los que se ponen como garantía los recursos por Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponden a Corrientes.

Ahora, en el proyecto de presupuesto 2010 que está siendo estudiado por la Comisión de Presupuesto, Hacienda e Impuestos; el Ejecutivo pretende que se le autorice endeudamientos a futuro por $523.498.400 millones más.

El Artículo 27 de la iniciativa girada desde la Casa de Gobierno propone emitir "$23.498.400 el importe máximo de colocación de Bonos de Consolidación, para la cancelación de obligaciones correspondientes a este régimen y enumeradas en el Art. 26º".

El Artículo 31 del proyecto dice textualmente: "Dispónese la emisión de Letras de Tesorería (LETES) hasta la suma de $400.000.000". En tanto, que el artículo 45 de la proyección presupuestaria señala: "AUTORÍZASE al Ministerio de Hacienda y Finanzas a la emisión y colocación de los títulos de la deuda pública denominados Bonos de Consolidación -Serie VI", por un monto máximo de hasta 100 millones de pesos.

El Ejecutivo pretende utilizar las LETES y los Bonos de Consolidación para cancelar deudas con proveedores del estado y "obligaciones con el Sector Público Provincial vencidas e impagas al 30 de junio de 2009 (Art. 32)". También significan obligaciones de cancelación a futuro, de acuerdo a los plazos y los intereses. Se presente como se la presente, no dejan de ser deuda que algún día se la deberá cancelar.

En definitiva, la Legislatura provincial debatirá si le autoriza o no a la administración de Ricardo Colombi a ampliar por un total de $1.262,6 millones más, los pasivos de la Provincia.

Ante los diputados (informe brindado el 31 de marzo) el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, aseguró que la deuda consolidada de Corrientes "ronda los $2.482 millones" (de los cuales $2.260 millones son con la Nación).

Si a esta cifra se le suman los $1.262,6 millones, significa que este año los pasivos de la Provincia podrían crecer un 50,87%. Si la Legislatura los autoriza, la deuda de Corrientes podría subir a $3.744,6 millones.

Crédito para cancelar $840 millones de pasivos

Otro aspecto llamativo son las alternativas que el Ejecutivo propone en el proyecto de presupuesto 2010, para cancelar pasivos y cubrir "el déficit" que, aseguran, existe.

El Ejecutivo indica en el proyecto que "los recursos de Capital remitidos desde la jurisdicción nacional no dan cobertura a las necesidades totales de inversión". En otras palabras, que no alcanzarán los fondos que llegarán este año desde la Nación a la Provincia. Además, la iniciativa "no incluye la refinanciación" de los servicios de deuda que este año le vencen con la Nación.

En el Artículo 25 el Ejecutivo le pide a la Legislatura que le autorice "(...)a convenir operaciones de Crédito Público por la suma de $840.000.000, y/o su equivalente en Moneda Extranjera, en el Marco del Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal (...).

Los 840 millones se componen: $440 de vencimientos de servicios de pasivos con el Gobierno Central; y se estima que los $400 millones restantes son de deuda flotante (obligaciones con proveedores y otros organismos del Estado).

Para cancelar esa cifra, el Gobierno provincial pide que se le habilite a tomar ese "(...) monto establecido de endeudamiento" del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (dependiente del Ministerio de Economía de la Nación); " y/o Entidades Financieras Públicas o Privadas, u Organismos Multilaterales de Crédito". Ofrece como garantía de tales operaciones "los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos o del que en el futuro lo sustituya".

A pesar de que el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, aseguró que la Provincia no se endeudaría para pagar pasivos; el proyecto de presupuesto 2010 deja abierta esa posibilidad.

El Artículo 25 es claro, menciona la posibilidad de tomar créditos para cancelar obligaciones. En definitiva, endeudarse para cancelar deudas.

Deja latente la posibilidad de hacer uso de las alternativas que le ofrece la modificada Ley de Responsabilidad Fiscal.