Cuando más de 300 familias en una sola jornada invadieron terrenos privados del barrio Pirayuí para hacer una ocupación de hecho en busca de un lugar para vivir, en realidad explotó una situación que venía incubándose hace tiempo con una sucesión de otras "micro ocupaciones" previas. En el presente, en la ciudad de Corrientes y alrededores existirían más de 230 hectáreas ocupadas ilegalmente en terrenos tanto de propiedad fiscal como privada.

El drama social puso brutalmente sobre relieve el déficit habitacional en la provincia. El papel del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) y su verdadera capacidad para solucionar el problema volvió a ser puesto sobre el tapete. Ahora surgieron nuevos capítulos en la polémica.

"Desde el cuerpo de delegados del Invico-ATE, rechazamos totalmente la idea del diputado Rufino Fernández expresada en los medios con respecto a poner como garantía del crédito a tomar, las cuotas de los adjudicatarios del Invico". Así de contundente fue la manifestación del delegado Juan Arnedo en diálogo con EL LIBERTADOR. En realidad, el dirigente gremial se estaba refiriendo, más que a ideas personales del diputado Fernández, al proyecto que el bloque legislativo de Proyecto Corrientes había presentado como propuesta para afrontar el déficit habitacional de la Provincia.

El debate está abierto. En la propuesta mencionada aparece la idea de crear un instrumento financiero para la construcción de viviendas. "Si la idea es además armar un fideicomiso o algo por el estilo también la rechazamos", agregó Arnedo.

Este planteo de los legisladores de Proyecto Corrientes (el autor original es el senador Gustavo Canteros) "apunta a hipotecar los fondos del Invico por todos los años que demande el pago del crédito a tomar. Esta experiencia ya la vivimos en otras épocas con el Banco Hipotecario y el resultado fue: una cuota altísima a pagar por los adjudicatarios en ese momento y una pérdida del capital del Invico", apuntó el delegado gremial al ser consultado por este diario.

Explicó seguidamente que según el interventor del Invico, Bernardo Rodríguez, el organismo "no tomó los créditos del Anses porque no quería poner como garantía los fondos del recupero y resulta que ahora aparece esta idea y no se sabe con qué entidad financiera se tomará el crédito".

"Cuando Fernández habla del instrumento financiero -agregó- no se sabe si además está pensando en las escrituras de la gente y en el Fondo Fonavi que se recibe todos los meses desde la Nación". Aclaró que "el fondo de coparticipación Fonavi (Fondo Nacional de la Vivienda) que llega de Nación proviene del impuesto a los combustibles que paga la mayoría del pueblo argentino, o sea que tiene un destino social que es hacer viviendas, y no se puede poner como garantía de créditos a tomar con el sector financiero".

Y advirtió que "todo queda en duda y todo entra en riesgo cuando se piensa en hacerle pagar a la gente este crédito".

Con un dejo de ironía comentó que "para Fernández las cosas son fáciles, total el crédito lo termina pagando la gente, que además quedará empeñada con las hipotecas de las viviendas, tal como pasó con las viviendas del Banco Hipotecario".

Por todo esto "rechazamos esta idea del fondo fiduciario que pasará todo el capital del Invico a ser manejado por el Banco de Corrientes". Para analizar esta situación y otras vinculadas a la realidad del Invico, los trabajadores de la institución realizarán mañana una asamblea para determinar los pasos a seguir para evitar esa supuesta hipoteca del Invico y de los potenciales adjudicatarios, tal como advirtió Arnedo.

TODOS DEBEN

APORTAR

Desplegando documentación y pasando revista a lo que se viene observando desde el sector de los trabajadores del Invico, el delegado gremial de ATE, Juan Arnedo recordó ante EL LIBERTADOR la reciente realización de un Foro por la Tierra y la Vivienda, que en los primeros días de octubre próximo efectuará una nueva convocatoria. Allí sugirieron que para alcanzar metas de concreción de viviendas sociales haya aportes municipales, de la Provincia y de la Nación.

El propio Arzobispado, que envió representantes a ese Foro, sugirió algo muy claro: "Tiendan puentes, no muros". Y además apuntaron que "la propiedad privada no es absoluta" (ver aparte), un concepto que seguramente va a encender polémica.

El Foro se conformó inicialmente con el movimiento social Barrios Unidos, la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de Corrientes, la Comisión Provincial de Derechos Humanos, delegados del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) y delegados del asentamiento del Pirayuí y de más de 25 asentamientos.