La empresa de la familia Macri, Correo Argentino SA, dio marcha atrás con el intento de retirar $ 1,6 millón y US$ 185.213 –unos $ 4,6 millones– de sus cuentas congeladas. El objetivo era pagar alquileres a otra empresa de la familia presidencial: Sideco Americana SA, lo que fue calificado como un intento de vaciar Correo a favor del holding empresarial, como reveló PERFIL. Los movimientos de dinero fueron expuestos por la fiscal general Gabriela Boquín a fines de abril y dejaron a la empresa en la mira. Ahora, la situación también terminó exponiendo otro capítulo de posibles conflictos de intereses en el caso: los síndicos que deben controlar a Correo y los Macri comparten los mismos abogados.

Después del dictamen fiscal que expuso el supuesto desvío de fondos, los síndicos controlantes de la empresa presentaron un escueto informe defendiendo que el retiro de dinero para pagar alquileres a Sideco Americana –que comparte a su director con Correo–. Los letrados que representan a los síndicos controlantes son Julio César Rivera y Beltrán Fernando Louge, socios del estudio Rivera & Asociados, especializados en derecho comercial, civil y societario. Ambos abogados fueron apoderados de empresas de los Macri, entre ella Transmetro SA, otra compañía que quebró. Así consta en la documentación a la que accedió este medio. También representaron al presidente Mauricio Macri (ver recuadro).

Los síndicos dijeron que consideran que no hay “irregularidades” en los desvíos de fondos de Correo y que los gastos de alquileres y servicios que la empresa le paga a Sideco Americana “corresponden a gastos propios del giro y costumbre de la deudora”, es decir, de Correo.

La función de los síndicos controlantes es central en el concurso de la empresa. Se eligen por sorteo para garantizar su independencia de las autoridades de la compañía; deben vigilar el ingreso de los fondos y los gastos y mantener a la Justicia al tanto de los movimientos de dinero y las deudas de la empresa que están controlando. Cada mes, deben presentar un informe sobre el estado financiero de la empresa. Son, en resumen, quienes controlan a las autoridades de Correo para garantizar que los acreedores puedan cobrar lo que reclaman. Pero sus abogados son quienes hacen las presentaciones ante la Justicia y ésta vez, resultan ser los mismos que representaron en varias oportunidades los intereses de la familia Macri.

Correo tiene sólo tres empleados y cinco directores. No tiene utilidades ni actividad comercial. Y sin embargo, está pagando US$ 18 mil mensuales por cuatro oficinas; cargas sociales para gerentes de otras firmas del Grupo Macri; $ 113 mil mensuales por “gastos contables e informáticos”; y otros $ 40 mil mensuales en gastos de cocheras. Todos esos fondos vuelven al bolsillo de los Macri. Por eso la fiscal entendió que Correo estaba siendo vaciada, cuando todavía debe millones de pesos al Estado y debe negociar cómo los pagará.

El abogado de Correo, Jaime Kleidermacher, desistió de reclamar los fondos el 12 de mayo, pero dejó por escrito su queja. “Los socios han decidido aunar sus esfuerzos y solventar con aportes propios el giro normal de la empresa”, escribió. Y apuntó contra la fiscal: “Intentamos de esta manera evitar seguir alimentando el circo mediático propuesto por la señora fiscal”. Claro que la empresa no renuncia definitivamente a los fondos denunciados, sino que lo deja en suspenso.