Es lógico que exista alguna expectativa sobre lo que diga en las próximas horas. A pesar de su propensión a usar la cadena nacional, la Presidenta se abstuvo de expresar sus condolencias a las familias enlutadas por la masacre de Once. Para evaluar esa parálisis no hace falta imaginar lo que hubiera hecho su modelo operativo, Eva Perón, ante una tragedia similar. Basta ver a Fernando Lugo llegar desde Asunción para acompañar a seis familias paraguayas castigadas por la tragedia ferroviaria.

El mutismo sorprende más en alguien tan inclinado a homenajear a los muertos. Aunque, si se recuerda bien, Néstor Kirchner tampoco estuvo al lado de las víctimas de Cromagnon en diciembre de 2004. Igual que su esposa, se retiró de la escena. Silencioso, se recluyó en El Calafate, como evoca el sociólogo Juan Carlos Torre en un texto excelente, que acaba de publicar Lucas Llach ( http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/ ) . Es comprensible. En la burbuja de la tecnopolítica, hecha de marketing, encuestas, retórica y concentraciones preparadas llave en mano, suelen introducirse, de tanto en tanto, los seres humanos. El pueblo, entonces, deja de ser un sintagma, un tropo literario, para encarnar en nombres y apellidos. El modo en que los dirigentes afrontan esa irrupción es un buen calibre para determinar la dimensión de sus liderazgos.

Debajo de la Presidenta hay forcejeos. Los responsables de los servicios públicos, como en una patética parodia, tampoco quieren quedar atrapados en la chatarra. Julio De Vido utiliza al secretario de Transportes, Juan Pablo Schiavi, como escudo humano. Y Schiavi intenta salvar la cabeza recordando que existe un subsecretario ferroviario, el sindicalista Antonio Luna. Cristina Kirchner no quiso atender a Schiavi. Antes de partir hacia el Sur dejó sólo una consigna: "Arréglense". Aislado, el secretario intentó el viernes ver a Carlos Zannini. Teme que el kirchnerismo se deshaga de él exhumando su antigua condición de macrista. Eduardo Sícaro acecha su sillón. Es un hombre de De Vido, titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Sería una ironía que reemplazara a Schiavi. El decreto 1388/96, que creó esa comisión, indica que el principal responsable de la calidad de los trenes es Sícaro.

El principal escenario de esta lucha no es el gabinete sino el juzgado de Claudio Bonadio, donde quedó radicada la causa que se abrió con la tragedia. Bonadio es un viejo conocido de los protagonistas. En 2010 absolvió a Schiavi por acompañar a Ricardo Jaime a Río de Janeiro, el 8 de septiembre de 2006, cuando todavía era ministro de Mauricio Macri. Ese viaje lo financió el empresario Claudio Cirigliano, socio de TBA, dueño del tren que se estrelló en Once. Bonadio no fue tan clemente con Cirigliano, a quien procesó en ese expediente junto con Jaime, por dar y recibir dádivas a cambio de subsidios. Pero el abogado de Cirigliano, Juan José Sforza, consiguió que la Cámara Federal exculpara a su cliente porque, al tratarse de un particular, el delito había prescripto. En cambio Jaime, por ser funcionario, siguió procesado. El tribunal de Casación todavía analiza ese desdoblamiento.

El kirchnerismo ha tenido con Bonadio una suerte ambigua. Los cuatro secretarios privados de la Presidenta fueron sobreseídos en la investigación por su espectacular enriquecimiento. Amado Boudou todavía no fue sancionado por tener un auto con papeles falsos, pero los gestores de la compra, acusados por el vicepresidente, ya están procesados. Y el matrimonio Moyano sigue esperando una definición por la adulteración de troqueles para justificar subsidios por medicamentos.

Es cierto que el caso del tren de TBA no admite comparaciones. La cantidad de víctimas podría exponer al juez a movilizaciones de familiares, como ocurrió con Cromagnon. Además, el fiscal de la causa, Federico Delgado -que suele llegar a tribunales en bicicleta y a quien se le conoce un solo traje, color verde-, tiene fama de implacable. Por lo pronto, comenzó por pedir información sobre la administración de los subsidios, complicando el ardid del Gobierno de presentarse como parte querellante, reclamando el papel de víctima.

La decisión de abaratar el transporte congelando las tarifas y compensando a las empresas con subsidios ha distorsionado todos los incentivos del negocio, estimulando la corrupción. Empresarios y sindicalistas se han aliado para expoliar al Estado, entre otras razones porque el principal criterio para la asignación de subsidios es la cantidad de empleados y el nivel de sueldos de cada compañía. Una invitación a abultar las plantillas de personal. Por supuesto, la trampa requiere de la participación de los funcionarios. La causa del ex secretario Jaime, con los Cirigliano como figuras estelares, es una ventana que permite contemplar este sistema. En la Secretaría de Transportes se narra, como si fuera cierta, una vieja anécdota según la cual una valija repleta de billetes estuvo horas dando vueltas, sin que alguien la reclamara, porque Jaime había corrido hacia la Casa Rosada, convocado por Kirchner. El episodio habría sucedido, insiste esa versión, después de una visita de Claudio Cirigliano. Antonio Mata, uno de los socios españoles de Aerolíneas, solía explicar sus dificultades con el kirchnerismo con esta frase: "Mi pecado es no pedir subsidios".

Estas escenas de realismo mágico, que terminan alimentando pesadillas como la de Once, se configuran gracias a un gigantesco vacío legal. Los contratos de concesión de los años 90 fueron suspendidos por la ley de emergencia ferroviaria, que iba a estar vigente hasta la renegociación de los convenios. Pero esa renegociación no llegó. Así, los derechos y obligaciones del Estado y de las empresas forman parte de una nebulosa de la que todos sacan ventaja.

Debajo de esta política de transportes palpita la vieja fantasía populista de suprimir el futuro para maximizar el presente. O, dicho de otro modo, exacerbar el consumo en detrimento de la inversión. Esa estrategia tiene un enemigo implacable: el paso del tiempo. El mismo colapso que se advierte en los ferrocarriles afecta a la energía. Ese será el corazón del otro discurso presidencial de la semana, el del jueves, en el Congreso.

Los gobernadores de provincias petroleras recibieron la orden, que van a acatar, de rescindir algunas concesiones de YPF con el argumento de la escasa producción. No sería el único anuncio. Varios funcionarios esperan que Cristina Kirchner comunique ese día la intervención de la empresa. La Presidenta ha convertido a esa compañía, y sobre todo a la familia Eskenazi, en la responsable exclusiva de la caída de la oferta de energía. Lo ha hecho con la misma pasión con que hace poco más de un año, en la sede de YPF, se quejaba de los que habían criticado la "argentinización" dispuesta por su esposo.

Esta lectura de la encerrona energética vuelve a expresar aquella dificultad de la Presidenta para pensar procesos, es decir, para enhebrar pasado, presente y futuro. Que las inversiones de YPF no hayan sido las que ella soñó o necesita, se debe a dos factores. Primero: el modo en que los Eskenazi adquirieron el 25% de la compañía suponía un recorte en la inversión. Una parte sustancial de las ganancias debía destinarse al pago de los dividendos con los que saldarían la deuda contraída para la compra. Fue Néstor Kirchner quien bendijo ese método y a esos beneficiarios.

Segundo: la fiesta energética que le permitió a la Argentina tener tarifas cinco veces más baratas que el resto de la región, se pagaría con un caída general de la inversión.

La contracara de ese fenómeno son las importaciones alrededor de las cuales se generó un negocio similar al de los subsidios del transporte. Durante el viaje presidencial a Qatar, hace un año, De Vido suscribió un convenio bastante fantasioso de compras de gas. Entre las empresas argentinas que participarían hay una de nombre muy sugerente: Cometrans. El dueño es Claudio Cirigliano, el de los trenes.

Esas importaciones están asfixiando al Tesoro. En los próximos seis meses el Estado debe comprar gas y gasoil por más de US$ 7000 millones. Es para conseguir esos dólares que Guillermo Moreno cierra la economía. Las tensiones en torno a Irán agravaron el cuadro, porque dispararon el precio del petróleo y los combustibles. Pretender que este problema se resuelva con un avance sobre YPF es querer secar el mar con un balde de arena. Es fantasear con que los males del populismo se corrigen con más populismo..